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  • Licenciado en Derecho. Profesor en la Universidad Autonoma del Carmen y Universidad Interamericana para el Desarrollo. Asesor juridico en Derecho Aduanero y Comercio Exterior.

Teoría General del Proceso

Wednesday 7 april 3 07 /04 /Abr 04:16

ETAPAS PROCESALES

(Teoría General del Proceso)

 

Proceso penal y procesos no penales (nociones generales).

Su estructura (etapas)

 

La relación jurídica procesal se desarrolla a través de diversas etapas procesales que son cada una de las subdivisiones que presentan los procesos, y en cuyo transcurso tendrán lugar determinados actos materiales y jurídicos, así como hechos jurídicos, a cargo tanto de las partes como, en su caso, del juzgador. Para examinar brevemente cada una ellas conviene distinguir las que pertenecen al proceso penal y las que corresponden a los procesos diferentes del penal.

Etapas del proceso penal

En México, antes de iniciar el proceso penal es necesario llevar a cabo una etapa preliminar, a la que se denomina averiguación previa, la cual compete realizar al Ministerio Público. Esta etapa empieza con la denuncia, que puede presentar cualquier persona, o la querella, que sólo puede presentar el ofendido o su representante, según el tipo de delito de que se trate.

La averiguación previa tiene como finalidad que el Ministerio Público recabe todas las pruebas e indicios que puedan acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado. Si se prueban estos dos elementos, el Ministerio Público debe ejercer la acción penal en contra del probable responsable, a través del acto denominado consignación, ante el juez penal competente. En caso contrario, el Ministerio Público debe dictar una resolución de no ejercicio de la acción penal y ordenar el archivo del expediente (sobreseimiento administrativo). Por último, si el Ministerio Público estima que, aun cuando las pruebas son insuficientes, existe la probabilidad de obtener posteriormente otras, envía el expediente a la reserva, la cual no pone término a la averiguación previa, sino que sólo la suspende temporalmente.

1. la consignación da paso a la primera etapa del proceso penal, a la cual se denomina preinstrucción. Ésta se inicia con el auto que dicta el juez para dar trámite a la consignación (auto al que se llama radicación o cabeza del proceso), y concluye con la resolución que debe emitir el juzgador dentro de las 72 horas siguientes a que el inculpado es puesto a su disposición (el llamado término constitucional) y en la cual debe decidir si se ha de procesar o no a aquél. El plazo de 72 horas puede prorrogarse únicamente a petición del inculpado.

Cuando el juzgador decide procesar al inculpado, por estimar que el Ministerio Público acreditó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, la resolución que dicta se denomina auto de formal prisión (si el delito por el que se va a seguir el proceso merece pena privativa de libertad) o auto de sujeción a proceso (si la pena no es privativa de libertad o es alternativa). En estos dos autos se fija el objeto del proceso penal.

Si el juzgador considera que no han quedado acreditado el cuerpo del delito o la probable responsabilidad, debe dictar una resolución a la que se designa auto de libertad por falta de elementos para procesar.

2. La segunda etapa del proceso penal es la instrucción, la cual tiene como punto de partida el auto que fija el objeto del proceso y culmina con la resolución que declara cerrada la instrucción. Esta etapa tiene como finalidad que las partes aporten al juzgador las pruebas pertinentes para que pueda pronunciarse sobre los hechos imputados.

3. La tercera etapa del proceso penal se le denomina juicio. Esta etapa final del proceso penal comprende, por un lado, las conclusiones del Ministerio Público y de la defensa y, por el otro, la sentencia del juzgador. En el artículo 1º fracción IV del CFPP se designa a esta etapa primera instancia.

4. Con la sentencia termina la primera instancia del proceso penal. Normalmente, contra la sentencia procede el recurso de apelación, con el que se inicia la segunda instancia (o segundo grado de conocimiento) la cual debe terminar con otra sentencia, en la que se puede confirmar, modificar o revocar la dictada en primera instancia. A su vez, la sentencia pronunciada en apelación y la sentencia de primera instancia, cuando es inapelable, pueden ser impugnadas a través del amparo, pero sólo por parte de la defensa.

Cabe aclarar que la ejecución de las sentencias penales de condena se lleva a cabo por las autoridades administrativas competentes, por lo que ya no es considerada como una etapa del proceso penal.

                                                                        Desde la denuncia  o  querella,  hasta  el  ejercicio de  la

                                   Averiguación Previa     acción  penal   con   la   consignación   ante   un  juez,  la

determinación   de   no   ejercicio    de    aquélla,    o    la

resolución de la reserva.

 

                                                                        Desde la radicación o  cabeza  del  proceso  que dicta el

1. Preinstrucción            juez, hasta el auto que resuelva la  situación jurídica del

inculpado, es decir, donde se fija el objeto  del  proceso

penal (auto de formal prisión o sujeción a proceso).

 

                                                                        Inicia  luego  de  dictado  el  auto   de   formal  prisión  o

Etapas del                  2. Instrucción               sujeción a proceso y concluye  con  el  auto que declara

Proceso Penal                                                cerrada la instrucción, esto  es,  antes  que  el MP emita

                                                                        sus conclusiones.

                                                                      

                                                                        Procedimiento  durante  el   cual   el    MP    precisa    su

                                   3. Juicio o Primera       pretensión  y  el  procesado  su  defensa  ante   el   juez,

                                        Instancia                 quien   valora   las   pruebas    y    pronuncia    sentencia

                                                                        definitiva de primera instancia.

           

                                   4. Impugnación o         Es el  procedimiento  ante  el  tribunal  de apelación, en

                                        Segunda                  que  se  efectúan  las  diligencias  y  actos  tendientes  a

                                        Instancia                 resolver los recursos.

 

 Etapas de los procesos no penales

En estos procesos también puede tener lugar una etapa preliminar o previa, durante la cual se pueden llevar a cabo medios preparatorios a juicio, medidas cuatelares o medios provocatorios. En ocasiones, esta etapa preliminar suele ser necesaria para poder iniciar el proceso. Pero regularmente esta etapa es eventual o contingente, a diferencia de lo que ocurre en el proceso penal.

1. La primera etapa de los procesos diferentes del penal (civil, mercantil, laboral, etc.) es la expositiva, postulatoria o polémica, durante la cual las partes expresan, en sus demandas, contestaciones y reconvenciones, sus pretensiones y excepciones, así como los hechos y las disposiciones jurídicas en que fundan aquéllas. En esta fase se fija la litis, es decir, las partes plantea el litigio ante el juzgador.

2. La segunda etapa es la probatoria o demostrativa. En ella las partes y el juzgador realizan los actos tendientes a probar los hechos controvertidos. Esta etapa se desarrolla a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o desechamiento; la preparación de las pruebas admitidas y la práctica, ejecución o desahogo de los medios de prueba admitidos y preparados.

3. La tercera etapa es la conclusiva, muy similar a la llamada de juicio en el proceso penal. En esta etapa las partes expresan sus alegatos o conclusiones respecto de la actividad procesal precedente y el juzgador también expone sus propias conclusiones en la sentencia, poniendo término al proceso en su primera instancia.

4. Contra la sentencia dictada en primera instancia normalmente procede el recurso de apelación, con el que se inicia la segunda instancia. En algunos procesos (civil y mercantil) se excluye del recurso de apelación a las sentencias dictadas en los juicios de cuantía menor. En otros procesos (laboral) no se prevé el recurso de apelación. A través del amparo se pueden impugnar tanto las sentencias dictadas en segunda instancia como las sentencias contra las que no procede la apelación. Estos medios de impugnación son contingentes, porque pueden ser o no ser interpuestos por las partes o por las personas legitimadas, dentro de los plazos previstos en las leyes.

5. También es eventual la etapa de ejecución procesal, que tiene lugar cuando, ante el incumplimiento de la sentencia de condena, la parte vencedora solicita al juzgador que dicte las medidas pertinentes para lograr la ejecución forzosa de dicha sentencia, aun contra la voluntad de la parte vencida.

  

                                                                        -Medios preparatorios a juicio

                                   Etapa Preliminar          -Medios cautelares

-Medios provocatorios

 

                                                                        En esta etapa se fija la litis, es decir, las partes plantean

1. Etapa expositiva,      el litigio ante el juzgador, cosa que  se  logra,  mediante

Postulatoria o            la   presentación   de   la   demanda    y    su    respectiva

Polémica                      contestación.

 


                                    2. Etapa probatoria     Como su nombre lo indica, en esta etapa se  admiten  y

                                                            desahogan las pruebas.

Etapas de los                                                 

Procesos no                                                    A  lo  largo  de  esta  etapa,  las   partes   presentan   sus

Penales                      3. Etapa conclusiva      alegatos y el  juzgador  expone  sus  conclusiones  en  la

                                                                        sentencia.

 

                                                                        En esta etapa supone la oportunidad  de  las  partes  de

                                    4. Impugnación           promover  recursos  para  efectos  de  que  un   tribunal

                                                                        superior al que resolvió en  primera  instancia  revise  el

                                                                        fallo a fin de que lo revoque, modifique o confirme.

                                  

                                                                        La parte  vencedora  solicita  al  juzgador  que  dicte  las

5. Ejecución                 medidas   para   lograr   la   ejecución    forzosa    de    la

                                        Procesal                  sentencia, aun contra la voluntad de parte vencida.

                                  

  

Bibliografía

-Teoría General del Proceso.- José Ovalle Favela. Sexta edición. Editorial Oxford. 2006

-Manual del Justiciable. Elementos de Teoría General del Proceso. Suprema Corte de Justicia de la Nación. – México. Poder Judicial de la Federación. Séptima reimpresión: septiembre de 2009.

-Manual del Justiciable. Materia Penal. Suprema Corte de Justicia de la Nación. – México. Poder Judicial de la Federación. Séptima reimpresión: septiembre de 2009.

 -Manual del Justiciable. Materia Civil. Suprema Corte de Justicia de la Nación. – México. Poder Judicial de la Federación. Séptima reimpresión: septiembre de 2009.

Por agarcia - Publicado en: Teoría General del Proceso
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Sunday 14 march 7 14 /03 /Mar 21:43

EL PROCESO

Teoría General del Proceso

 

 

1. Concepto y naturaleza jurídica.

2. Bases Constitucionales.

3. Evolución histórica.

4. Principios rectores

 

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA

Concepto

Podemos definir el proceso como el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen; y que tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable.

De acuerdo a la anterior, podemos decir que la finalidad del proceso es dar solución al litigio planteado por las partes, a través de la sentencia que debe dictar el juzgador.

El objeto del proceso es el litigio planteado por las dos partes. En consecuencia, dicho objeto está constituido tanto por la reclamación formulada por la parte actora o acusadora como por la defensa o excepción hecha valer por la parte demandada o inculpada; en ambos casos, con sus respectivos fundamentos de hecho y de derecho.

Naturaleza jurídica

El proceso puede ser analizado desde diferentes puntos de vista.

Si se examina cómo se desarrolla, se estará contemplando su o sus procedimientos.

Si se estudia para qué sirve el proceso, se estará enfocando su finalidad (como medio de solución al litigio.

Si se reflexiona sobre qué es el proceso, se estará analizando su naturaleza jurídica.

El procesalista Eduardo J. Couture advierte que el estudio de la naturaleza jurídica del proceso “consiste, ante todo, en determinar si este fenómeno forma parte de algunas de las figuras conocidas del derecho o si por el contrario constituye por sí solo una categoría especial”.

Sobre las teorías que tratan la naturaleza jurídica del proceso, se pueden incluir dentro de dos grandes corrientes:

Las teorías privatistas: Han tratado de explicar la naturaleza del proceso ubicándolo dentro de figuras conocidas del derecho privado, como el contrato o el cuasicontrato.

Las teorías publicistas: Han considerado que el proceso constituye por sí solo una categoría especial dentro del derecho público, ya sea que se trate de una relación jurídica o bien de una serie de situaciones jurídicas.

a)      El proceso como contrato

Esta doctrina del proceso tuvo su base histórica en el fenómeno conocido como la litis contestatio, tal como se manifestó en el proceso per formulas o formulario del derecho romano; la litis contestatio consistía en el acuerdo que las partes expresaban respecto de la fórmula, sin el cual no se podía pasar a la segunda etapa (in iudicio) del proceso.

Esta teoría sostiene que en el proceso existe un verdadero contrato en el que se fijan las cuestiones litigiosas; de ahí que ni el actor pueda variar después su demanda, ni el demandado sus defensas, y el juez debe resolver únicamente las cuestiones propuestas por las partes. Por medio este contrato, ambos litigantes se comprometen a aceptar la decisión del juez para resolver la contienda.

Sin embargo, es evidente que nada resulta más contrario a la naturaleza del proceso que la figura del contrato, toda vez que el proceso jurisdiccional no requiere un acuerdo previo entre las partes, para que pueda iniciarse y desarrollarse ante el juzgador. La obligación de las partes de sujetarse al proceso y a la sentencia que dicte el juzgador deriva del imperio de la ley.

b)      El proceso como cuasicontrato

Según esta teoría, la litis contestatio, y por lo tanto el proceso, no puede ser un contrato, puesto que el consentimiento de las partes a someterse a la decisión del juez no es enteramente libre; sobre todo, el del demandado. En consecuencia, si el consentimiento de éste no es espontáneo, y sin embargo el proceso crea obligaciones, hay que buscar en las otras fuentes de éstas la explicación de su naturaleza.

En virtud de que la litis contestatio no es un delito ni un cuasidelito, ya que la contestación del demandado no implica una conducta antijurídica, sino el ejercicio de un derecho, por exclusión se llegó a estimar que sólo quedaba una fuente de las obligaciones: el cuasicontrato, y que el proceso es un acto bilateral que tiene caracteres de éste. Es por ello que la cosa juzgada sólo tiene efectos entre los que intervienen en él.

c)      El proceso como relación jurídica

Esta teoría surge con la célebre obra de Oskar von Bülow, quien sostiene que el proceso es “una relación de derechos y obligaciones, es decir, una relación jurídica pública”.

Esta relación jurídica procesal tiene un momento inicial, que es el de su constitución.  En los procesos no penales, la relación jurídica se constituye con la demanda de la parte actora, la resolución del juzgador que la admite y el emplazamiento o llamamiento del demandado a juicio. En el proceso penal, la relación jurídica se constituye con el inicio del ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público (denominado consignación) y la resolución que dicte el juzgador para sujetar al inculpado a proceso (auto de formal prisión o de sujeción a proceso).

La relación jurídica procesal se desarrolla a través de las diversas etapas que integran el proceso. Dicha relación tiene un momento final, que consiste en su terminación, la cual se da normalmente por medio de la sentencia, o bien a través de algún otro medio anormal o extraordinario (desistimiento, allanamiento, transacción, caducidad, sobreseimiento, etc.)

Para que se pueda constituir válidamente la relación jurídica procesal es necesario que se satisfagan determinados requisitos de admisibilidad y condiciones previas, denominadas presupuestos procesales. Éstos consisten en las condiciones que deben cumplir los sujetos procesales (la competencia e imparcialidad del juzgador, la capacidad procesal de las partes y la legitimación de sus representantes), así  como el objeto del proceso (ausencia de litispendencia y cosa juzgada), la demanda y su notificación al demandado.

La teoría de Bülow ofrece una explicación precisa y fundada de la naturaleza jurídica del proceso. Por ello, es la más aceptada y difundida, y una de las bases principales del procesalismo moderno; además hizo muy importantes contribuciones para el mejoramiento del proceso en la práctica.

Por un lado, esta teoría distinguió entre la relación jurídica procesal que se establece entre el juzgador, las partes y los terceros que participan en la misma, y la relación jurídica sustantiva que se controvierte en el proceso.

Por otro lado, el señalamiento de los presupuestos procesales tuvo por objeto no sólo esclarecer las condiciones previas que se deben satisfacer para que se pueda constituir válidamente la relación jurídica procesal, sino también advertir que dichas condiciones deben ser analizadas y resueltas de oficio por el juzgador, aun sin que la parte demandada las objete por vía de excepción procesal.

d)     El proceso como situación jurídica

Según james Goldschmidt, el proceso no está constituido por una relación jurídica entre las partes y el juzgador, porque una vez que aquéllas acuden al proceso, no puede hablarse de que existan verdaderos derechos y obligaciones, sino meras situaciones jurídicas. Para éste autor una situación jurídica es el “estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia judicial que se espera con arreglo a las normas jurídicas”

Estas situaciones jurídicas pueden ser:

-Expectativas de una sentencia favorable: Dependen regularmente de un acto procesal anterior de la parte interesada, que se ve coronada por el éxito.

-Perspectivas de una sentencia desfavorable: Dependen siempre de la omisión de tal acto procesal de la parte interesada.

La crítica fundamental que se puede hacer a la teoría de Goldschmidt es que contempla el proceso como un mero hecho y no como un fenómeno jurídico.

Si bien es cierto que una vez que las partes acuden al proceso, los derechos materiales controvertidos quedan en estado de incertidumbre y sujetos a las contingencias del proceso, también lo es que este estado de incertidumbre no afecta los derechos y obligaciones, así como los deberes, que corresponden a las partes y al juzgador dentro del proceso; es decir, no afecta los derechos, obligaciones y deberes de carácter procesal.

Es preciso reconocer que la teoría de Goldschmidt puso de manifiesto que, en relación con ciertos actos del proceso, las partes, más que obligaciones, tienen verdaderas cargas procesales.  Para este autor, la carga procesal consiste en la necesidad de prevenir un perjuicio procesal y, en último término, una sentencia desfavorable, mediante la realización de acto procesal.

Actualmente se suele entender la carga procesal como la situación jurídica en que se colocan las partes cuando, por una disposición jurídica o por una resolución judicial, tienen que llevar a cabo una determinada actividad procesal, cuya realización las ubica en una expectativa de sentencia favorable y cuya omisión, por el contrario, las deja en una perspectiva de sentencia desfavorable. La carga procesal es un imperativo del propio interés, porque la realización de la actividad procesal favorece a la parte a la que se atribuye la carga, y no a un tercero.

Si la parte no lleva a cabo la actividad procesal y, por tanto, no se libera de la carga procesal, sólo se colocará en una situación de perspectiva; pero a dicha parte no se podrá exigir la realización forzada de la actividad omitida ni se le podrá imponer una sanción, como ocurriría si se tratara de una obligación incumplida.

 

2. BASES CONSTITUCIONALES

Para el análisis de las disposiciones constitucionales sobre el proceso, Fix-Zamudio ha propuesto la creación de una nueva disciplina que, con el nombre de derecho constitucional procesal, se ocuparía “del estudio sistemático de los conceptos, categorías e instituciones procesales consagradas en la ley fundamental”.

Nos referiremos a las disposiciones de la Constitución, de acuerdo con su ubicación en la parte dogmática o en la orgánica.

      Las garantías constitucionales en la parte dogmática

De estas garantías constitucionales distinguiremos entre aquellas garantías que conciernen a todo tipo de proceso y aquellas que se refieren de manera específica al proceso penal.

El artículo 17 Constitucional, establece el derecho a la jurisdicción o derecho a la tutela jurisdiccional: el derecho que toda persona tiene “a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.  Este precepto es el fundamento constitucional del derecho de acción y del derecho de excepción.

Por otro lado, el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución consigna el derecho de defensa en juicio o, como lo llamó Couture, el derecho procesal de defenderse. En el citado párrafo se dispone lo siguiente: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” Ésta es una de las normas constitucionales fundamentales no sólo para el proceso, sino para todo el ordenamiento jurídico. De esta norma derivan, el derecho de excepción y el derecho a un proceso justo y razonable.

Igualmente, la Constitución reconoce el llamado derecho al juez natural, es decir, el derecho que tienen todas las personas a ser juzgadas por un juez competente, previamente establecido en la ley, y que actúe con independencia e imparcialidad. El art. 13 de la Constitución dispone que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales, es decir, por tribunales creados ex profeso para conocer de un caso determinado (tribunales extraordinarios o por comisión). El párr. segundo del art. 14 exige que el juicio se siga “ante tribunales previamente establecidos”. Y en fin, el art. 17 señala que los tribunales deben dictar sus resoluciones de manera imparcial, y en su párr. tercero prevé: “Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.”

Por último, el art. 16 establece la garantía constitucional de legalidad, que no sólo es aplicable a cualquier tipo de proceso sino, en general, a cualquier acto de autoridad que afecte, de alguna manera, los derechos o intereses jurídicos de las personas. Para cumplir con esta garantía constitucional, la autoridad debe expresar por escrito tanto las disposiciones jurídicas aplicables al caso (fundamentación) como las razones de hecho y los medios de prueba que las acrediten (motivación), en que se basó para emitir sus resolución.

Además de estas garantías aplicables a cualquier tipo de proceso, la Constitución contiene un amplio catálogo de garantías concernientes, de manera específica, al proceso penal. Éstas se encuentran recogidas en los artículos 16, 18, 19, 20, 21 y 23 de la Constitución.

El artículo 16, además de consignar la garantía de legalidad, señala, en forma limitativa, los supuestos en los que se puede ordenar la aprehensión o la detención de una persona: a) mediante orden de aprehensión expedida por la autoridad judicial competente, a solicitud del Ministerio Público, quien deberá demostrar ante el juez que se presentó una demanda o una querella y que existen datos que acreditan el cuerpo del delito y hacen probable la responsabilidad del inculpado; b) en los casos de delito flagrante, y c) mediante orden de detención que emita el Ministerio Público, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y el Ministerio Público, por razón de la hora, el lugar o alguna otra circunstancia similar, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar la orden de aprehensión.

El artículo 18 establece las bases para la prisión preventiva, el sistema penitenciario y el tratamiento de los menores infractores.

El artículo 19 consigna la garantía de la inmodificabilidad del objeto del proceso penal, objeto que debe quedar precisado en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso (a ambas también se les denomina autos de procesamiento). Este precepto señala el plazo -tres días o 72 horas, a partir de que el inculpado quede a disposición del juez- dentro del cual la autoridad judicial debe dictar el auto de formal prisión, así como los requisitos que dicho auto debe reunir. Ese plazo puede ampliarse únicamente a petición del inculpado, en la forma que señale la ley. El auto de formal prisión se dicta sólo cuando el delito imputado tenga una pena privativa de libertad. En el auto de formal prisión o en el de sujeción a proceso (este último se dicta cuando el delito por el que se debe seguirse el proceso no tenga pena privativa de libertad o tenga pena alternativa) se debe fijar el objeto del proceso penal –el delito o delitos por los que se va a seguir-, el cual, como una garantía para la defensa, no debe ser modificado ni alterado en el curso del proceso. Los autos de procesamiento –formal prisión y sujeción al proceso- deben dictarse cuando se hayan acredita los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; en caso contrario, el juez debe dictar una auto de libertad por falta de elementos para proceder.

El artículo de mayor importancia para esta materia es el 20, porque en él se contiene, con gran amplitud, el catálogo de garantías que debe tener el inculpado “en todo proceso del orden penal”, así como los derechos que corresponden al ofendido por el delito. Entre otras garantías constitucionales recogidas en el art. 20, apartado A, podemos mencionar la garantía de libertad bajo caución; la de no autoincriminarse; la de defensa; la de ser juzgado en audiencia pública, y la de brevedad del proceso.

También se reconocen los derechos del ofendido, que es la persona que resiente los efectos del delito, los cuales de señalan en el apartado B, siendo estos: a) el derecho a recibir asesoría jurídica; b) a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda; c) a coadyuvar con el Ministerio Público, y d) a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera.

El artículo 21 también es fundamental porque delimita con toda claridad las funciones del juzgador y del Ministerio Público. Al primero corresponde “la imposición de las penas”, lo cual supone, también, que compete exclusivamente al juzgador decidir, en cada proceso, si se comprobó o no la existencia de uno o más delitos, con todos sus elementos y circunstancias, y si se acreditó plenamente o no la responsabilidad del o de los inculpados en la comisión de tales delitos. Ésta es la función (juzgar) propia y exclusiva de la autoridad judicial: dirigir el proceso y emitir su decisión, su juzgamiento, sobre el o los delitos imputados y la pena que, en su caso, deba imponerse al inculpado.

En cambio, la “investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato”. El Ministerio Público lleva a cabo esta función persecutoria a través de dos actividades distintas: a) la averiguación previa, en la que actúa como autoridad, procurando recabar los datos y medios de pruebas necesarios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y b) el ejercicio de la acción penal ante el juzgador, si reúne esos datos y medios de prueba. Cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal deja de actuar como autoridad y se convierte en una de las dos partes del proceso: la parte acusadora. Al igual que el inculpado y su defensor, el Ministerio Público debe quedar sujeto a las decisiones del juzgador, quien es la única autoridad en el proceso, sin desconocer el derecho de las partes para interponer los medios de impugnación que procedan contra tales decisiones.

Por último, el art. 23 contiene tres prohibiciones: a) la de que los juicios criminales se prolonguen por más de tres instancias o grados de conocimiento por parte de los juzgadores; b) la de que se juzgue a una persona dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el primer juicio se le haya absuelto o condenado (non bis in idem), y c) la de que el juez en su resolución, en vez de condenar o absolver al inculpado, determine absolverlo de la instancia.

      Las bases constitucionales en la parte orgánica

Veremos las bases constitucionales sobre la organización jurisdiccional y el Ministerio Público.

Las bases del Poder Judicial de la Federación se encuentran contenidas en los arts. 94 a 107 de la Constitución, con exclusión del art. 102. la LOPJF reglamenta estas bases.

Los fundamentos del Ministerio Público Federal, aparte de lo dispuesto por el art. 21, se hallan previstos en el art. 102, apartado A; y los del Ministerio Público del Distrito Federal, en el artículo 122, apartado D, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR), y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (LOPGJDF), se encarga de regular, respectivamente, estas bases.

Las bases del Poder Judicial del Distrito Federal y de los Poderes Judiciales de los Estados se encuentran contenidas en los arts. 122, apartado C, base cuarta, y 116, fracc. III, de la Constitución, respectivamente. Cada uno de ellos cuenta con su respectiva Ley Orgánica.

Los tribunales del trabajo tienen su fundamento en el art. 123, apartado A, fracc. XX; y apartado B, fracc. XII; y los tribunales administrativos, en los arts. 73, fracc. XXIX-H, y 116, fracc. IV, todos ellos de la Constitución.

Los tribunales agrarios tienen su sustento en la fracc. XIX del art. 27 constitucional.

Por último, el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación tiene sus bases en los arts. 41 fracc. IV, y 99 de la Constitución.

 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Las expresiones juicio, procedimiento y proceso se utilizan como sinónimos.  Sin embargo, estas expresiones han correspondido a etapas diversas de la evolución del derecho y de la doctrina procesal y aunque con ellas aparentemente se designa el mismo fenómeno, se debe advertir que tienen un significado histórico, cultural y doctrinal diferente.

La palabra juicio proviene del latín iudicium, que significaba, en el derecho romano, la segunda etapa del proceso, que se desarrollaba ante el iudex (juez) designado por el magistrado.  Posteriormente en el derecho común europeo, el iudicium era no sólo una etapa, sino todo el proceso.

A partir del siglo XVI, los países de la Europa central, bajo la influencia de la doctrina del derecho canónico, empezaron a sustituir la palabra iudicium por las de processus, processus iudicii y processus iudicialis. Sin embargo, España conservó la expresión juicio y la difundió en los países hispanoamericanos.  La Ley de  Enjuiciamiento Civil española de 2000 continúa utilizando la palabra juicio, pero también introduce el uso de la expresión proceso, como sinónimo de la primera.

Actualmente, en los países de tradición hispánica la palabra juicio tiene, cuando menos, tres significados:

a)      Como secuencia de actos (o procedimiento) a través de los cuales se tramita o se lleva a cabo la sustanciación de todo un proceso.

b)      Como etapa final del proceso penal, que comprende las conclusiones de las partes y la sentencia del juzgador.

c)      Como sentencia propiamente dicha.

En nuestro país la palabra juicio se utiliza con mayor frecuencia en la primera acepción.  La Suprema Corte, recientemente ha sostenido que el juicio “se inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia definitiva o resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido…”.

Bajo la influencia de la codificación napoleónica y de la tendencia del prodimentalismo, durante el siglo XIX y a principios del XX se difundió el uso de la expresión procedimiento judicial.

La doctrina es acorde en señalar que no se puede confundir las expresiones proceso y procedimiento. La palabra procedimiento significa sólo la manifestación externa, formal, del desarrollo del proceso, o de una etapa de éste, pero no comprende las relaciones jurídicas que se establecen entre los sujetos del proceso, ni la finalidad compositiva de éste.

Alcalá-Zamora distingue los conceptos de proceso y procedimiento en los siguientes términos:

Si bien todo proceso requiere para su desarrollo un procedimiento, no todo procedimiento es un proceso… El proceso se caracteriza por su finalidad jurisdiccional compositiva del litigio, mientras que el procedimiento… (que puede manifestarse fuera del campo procesal, cual sucede en el orden administrativo o en el legislativo) se reduce a ser una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo (por ejemplo, el procedimiento incidental o el impugnativo)…

Para Carnelutti el concepto de proceso denota “la suma de los actos que se realizan para la composición del litigio”, en tanto que el de procedimiento, “el orden y la sucesión de su realización”.  Para el procesalista italiano, “la combinación de los actos, necesaria para la obtención del efecto común, da lugar a un ciclo, que se llama procedimiento.  No se dice que tal ciclo sea suficiente para conseguir por sí solo el resultado final, constituyendo así el proceso, ya que éste puede exigir más de un ciclo, esto es, más de un procedimiento.”

 

4. PRINCIPIOS PROCESALES

      Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidas en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal.

Estos principios tienen una doble función:

1.      Permiten determinar cuáles son las características más importantes de los sectores y ramas del derecho procesal.

2.      Contribuyen a dirigir la actividad procesal, ya sea proporcionando criterios para la interpretación de la ley procesal o ya sea auxiliando en la integración de la misma.

      Estos principios procesales también constituyen principios generales de derecho.

      Estos principios se pueden clasificar en:

a)      Básicos: Son aquellos que resultan comunes a todos los sectores y las ramas del derecho procesal dentro de un ordenamiento jurídico determinado: Principio de contradicción, Principio de igualdad de las partes, Principio de preclusión, Principio de eventualidad, Principio de economía procesal y Principio de lealtad y probidad.

b)      Particulares: Son aquellos que orientan predominantemente un sector del derecho procesal: Principio dispositivo, Principio de justicia social y Principio de publicidad.

c)      Alternativos: Son aquellos que rigen en lugar de otros que representan normalmente la opción contraria: Principio de oralidad y escritura.

4.1. Principio de contradicción

Este principio fundamental del proceso, impone al juez el deber de resolver sobre las promociones que le formule cualquiera de la partes, oyendo previamente las razones de la contraparte o, al menos, dándole la oportunidad para que las exprese.

El principio de contradicción se encuentra reconocido, por lo que concierne al demandado, en el derecho de defensa o garantía de audiencia que establece el párrafo segundo del artículo 14 Constitucional.  Por lo que se refiere a ambas partes, el principio de contradicción es una de las “formalidades esenciales del procedimiento” a que alude el mismo precepto constitucional.

4.2. Principio de igualdad de las partes

Este principio deriva del artículo 13 de la Constitución e impone al legislador y al juzgador el deber de conferir a las partes las mismas oportunidades procesales para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que basen aquéllas y para expresar sus propios alegatos o conclusiones.

Este principio lo encontramos en las siguientes actuaciones procesales:

a)      La notificación de la demanda y el emplazamiento al demandado.

b)      El ofrecimiento de pruebas.

c)      La igual oportunidad que tienen ambas partes para alegar y recurrir las resoluciones del juez.

 

4.3. Principio de preclusión

Couture define la preclusión “como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal”; es decir, es la pérdida o extinción de una facultad cuando ésta no es ejercida oportunamente.  Esta pérdida, extinción o consumación puede resultar de tres situaciones diferentes:

a)      Por no haber observado el orden u oportunidad dado por la ley para la realización de un acto. Ejemplo: Cuando el demandado no contesta a la demanda dentro de la oportunidad que la ley da, se produce la preclusión del derecho o facultad que tenía para hacerla.

b)      Por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra.  Ejemplo: Cuando se promueve una cuestión de competencia por declinatoria, precluye la facultad de promoverla por inhibitoria.

c)      Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad.  Ejemplo: Si una persona demanda a su cónyuge el divorcio necesario y la sentencia firme declara infundada la pretensión de divorcio, por no haberse probado los hechos alegados por el actor, precluye para éste la facultad de demandar a su cónyuge el divorcio necesario, con base en los mismos hechos.

4.4. Principio de eventualidad

El principio de eventualidad o de acumulación eventual impone a las partes el deber de presentar en forma simultánea y no sucesiva todas las acciones y excepciones, las alegaciones y pruebas que correspondan a un acto o una etapa procesal, independientemente de que sean o no compatibles, y aun cuando si se estima fundado alguno de los puntos se haga innecesario el estudio de los demás.

Este principio rige tanto para las acciones como para las excepciones.

El artículo 31 del CPCDF prevé que cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa, deben ejercerse todas en una sola demanda; en caso contrario, precluirán las acciones que no se hayan acumulado. Sin embargo, el segundo párrafo de este precepto dispone, que no pueden acumularse  en la misma demanda acciones contrarias o contradictorias.

La Suprema Corte de justicia ha sostenido que cuando la parte actora acumule acciones contrarias o contradictorias (por ejemplo: que demande la nulidad de un contrato y también su cumplimiento), no se produce una preclusión de estas acciones, sino que el juzgador debe requerir al actor para que aclare cuál de las acciones es la que decide continuar ejerciendo, y cuando no se hubiere hecho este requerimiento, el propio juzgador será quien determine cuál fue la acción ejercida, interpretando la conducta procesal de las partes.

4.5. Principio de economía procesal

Este principio establece que se debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados posibles, con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos.  Dicho principio exige que se simplifiquen los procedimientos; se delimite con precisión el litigio; sólo se admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; que se desechen aquellos recursos e incidencias que sean notoriamente improcedentes, entre otros.

4.6. Principio de lealtad y probidad

Los ordenamientos procesales imponen a las partes el deber de comportarse en juicio con lealtad y probidad.

Las partes deben conducirse con apego a la verdad en los actos procesales en que intervienen y aportar todos los medios de prueba que puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos.  Deben utilizar los medios de impugnación sólo en aquellos casos en que efectivamente estimen que los actos del tribunal son contrarios al derecho.  El incumplimiento de estos deberes debe tener como consecuencia la imposición de correcciones disciplinarias, de condenas de pago de gastos y costas procesales y aun de sanciones penales, cuando la conducta de las partes llegue a constituir algún delito (falsedad en declaraciones ante una autoridad, desobediencia a un mandato legítimo de autoridad, fraude procesal, etc.)

4.7. Principio dispositivo

Este principio consiste en que las partes impulsan el proceso; el juez no puede actuar sino a petición de éstas.  Si dichas partes no actúan, el proceso no avanza, e inclusive se puede extinguir por el transcurso de un plazo (caducidad).  Por eso se dice que, de acuerdo con este principio, las partes disponen del proceso; de ellas depende que éste continúe o no.

El principio se apoya en la idea de que los órganos jurisdiccionales sólo deben actuar cuando las partes lo soliciten, en los asuntos en los que sólo esté en juego un interés privado.

Este principio lo encontramos en las siguientes actuaciones procesales:

a)      La demanda, para que el proceso se pueda iniciar.

b)      El abandono expreso de la demanda, que puede ser unilateral (desistimiento) o bilateral por acuerdo con el contrario (transacción), o el tácito del actor (deserción) o de ambas partes (caducidad)

c)      El allanamiento de la demanda: obliga al juez a dictar sentencia en contra del demandado

d)     Las apelaciones de las partes; no hay apelaciones automáticas

4.8. Principio de justicia social

En este principio se debe tener como punto de partida las desigualdades reales de las partes, para tratar de otorgarles una verdadera igualdad de oportunidades en el proceso, atribuyendo la carga de la prueba de los hechos discutidos, a la parte que esté en mejores condiciones reales de aportar los medios de prueba, e incrementando las facultades de dirección del juzgador; deben de procurar la mayor rapidez y sencillez en los procedimientos, pues sus dilaciones y complicaciones normalmente son en perjuicio de la parte trabajadora o campesina.  De lo contrario, los derechos otorgados por las normas sustantivas se harían nugatorios cuando se reclamasen ante los tribunales, a causa de normas procesales que, en lugar de establecer un medio adecuado para la aplicación del derecho social, constituirían un obstáculo para dicha aplicación.

4.9. Principio de publicidad

Este principio consiste en la entrada del público a los debates judiciales o en la facultad de las partes y sus defensores y de “todo el que tuviese interés legítimo en su exhibición”, de consultar el expediente.

a)      en el primer caso, se evita en lo posible las componendas y los acuerdos fraudulentos entre alguna de las partes y el juez.

b)      El segundo caso se da, desde luego, en el procedimiento escrito, aunque en la práctica su aplicación disminuye

En los procesos civiles, donde los intereses controvertidos son más bien de carácter privado, es menos necesaria la publicidad.

Este principio se rompe cuando la moral y el interés público así lo exigen.

4.10. Principio de oralidad y escritura

Estos principios suelen ser referidos a la forma que predomina en el proceso. Así, se afirma que rige el principio de oralidad en aquellos procesos en los que predomina el uso de la palabra hablada sobre la escrita; y que rige el principio de escritura en los procesos en los que predomina el empleo de la palabra escrita sobre la palabra hablada. En ambos casos se trata de predominio en el uso y no de uso exclusivo de una u otra forma de expresión.

 

Bibliografía

Teoría General del Proceso.- José Ovalle Favela. Sexta edición. Editorial Oxford. 2006

Teoría del Proceso.- Luis Dorantes Tamayo. Décima Edición. Editorial Porrúa. 2005

Por agarcia - Publicado en: Teoría General del Proceso
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Sunday 14 march 7 14 /03 /Mar 21:38

(Conflicto de intereses)

Teoría General del Proceso

 

LITIGIO

En la vida social las personas se relacionan normalmente sobre la base del acuerdo de voluntades, del convenio o del contrato del cumplimiento espontáneo de sus obligaciones. Sin embargo, eventualmente surgen conflictos de intereses entre los sujetos de derechos: una persona afirma ser la propietaria de un bien y pretende que se le entregue, y la que posee dicho bien se resiste a entregarlo, aduciendo que ella también tiene título de propiedad sobre el mismo bien; es cuando surge el litigio.

Para Francisco Carnelutti, el litigio es “el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro”. El conflicto de intereses sólo se convierte en litigio cuando una persona formula contra otra una pretensión, es decir, exige la subordinación del interés ajeno al interés propio; y frente a esa pretensión, la otra parte expresa su resistencia, o sea, se opone a la misma, negando subordinar su interés propio al interés hecho valer mediante la pretensión. Si ante la pretensión de la primera, la segunda no opusiera resistencia, no surgiría el litigio.

Los elementos del concepto de Carnelutti de litigio son: la existencia de dos sujetos -uno que pretende y otro que resiste- y de un bien jurídico -que puede ser material o inmaterial-, respecto del cual versan la pretensión y la resistencia. Cada uno de estos sujetos recibe el nombre de parte.

Pero para Carnelutti el litigio no es sólo un conflicto de intereses, sino un conflicto jurídicamente calificado, es decir, trascendente para el derecho. En efecto, no todo conflicto de intereses es un litigio. Puede haber conflictos de intereses de carácter económico, científico, etc., que no estén tutelados por el derecho. Un conflicto que surja entre dos empresas que tratan de lograr el predominio en un mercado, mientras no traiga consigo una infracción a las leyes sobre la libre concurrencia, o de alguna otra disposición jurídica, no tendrá carácter de litigio y, por tanto, no será susceptible de ser sometido a la decisión de un juzgador, de un órgano jurisdiccional del Estado, por medio del proceso. En cambio, cuando en un conflicto el derecho otorga su tutela a favor de uno de los interesados en pugna, se puede hablar propiamente de litigio.

El concepto de litigio es de gran importancia para el derecho procesal.

Primeramente, es útil para determinar cuándo un conflicto de intereses puede ser considerado un litigio y es susceptible, por tanto, de ser sometido al conocimiento y resolución del juzgador, a través de u proceso. En segundo lugar, este concepto sirve para delimitar la materia, el contenido o el tema sobre el cual va a versar el proceso, pues el litigio es precisamente el objeto del proceso.

A partir de la identificación del litigio, por medio de los sujetos, el bien jurídico y al pretensión, la leyes procesales van a determinar cuándo existe litispendencia, es decir, cuándo ha y un litigio pendiente de resolución por un juzgador, el cual no puede ser conocido por otro órgano jurisdiccional; cuándo existe conexidad en la causa, es decir, cuándo hay un litigio conexo a otro en virtud de la causa de pedir (causa petendi), lo que trae como consecuencia la acumulación de los expedientes de los dos procesos, a través de los cuales se tramitan los litigios conexos; cuándo existe cosa juzgada, que significa que el objeto del proceso (el litigio) resuelto mediante sentencia firme o inimpugnable deviene inmutable jurídicamente, por lo que no podrá ser discutido en un proceso posterior ni en cualquier otra oportunidad procesal.

Por su parte  Niceto Alcalá-Zamora  y Castillo ha sugerido un concepto más amplio de litigio diciendo que es “el conflicto jurídicamente trascendente, que constituya el punto de partida o causa determinante de un proceso, de una autocomposición o de una autodefensa”.

Los medios para solucionar  este conflicto de intereses  jurídicamente  trascendente, como se puede deducir del concepto de Alcalá–Zamora se clasifican en tres grandes grupos: La Autotutela, La Autocomposición y la Heterocomposición.

Tanto en la autotutela como en la autocomposición la solución va ser dada por una o ambas partes en conflicto, por eso se califica a estos medios como parciales , por que provienen de las propias partes. En la heterocomposición la solución va a provenir de un tercero ajeno a la controversia, por lo que se califica de imparcial.

 

AUTOTUTELA

La autotutela o autodefensa consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno.

Alcalá–Zamora señala que “la autodefensa se caracteriza porque uno de los sujetos en conflicto…, y a un a veces los dos, como en el duelo o en la guerra, resuelven o intentas resolver el conflicto pendiente con el otro, mediante su acción directa, en lugar de servirse de la acción dirigida hacia el Estado a través del proceso”.

Lo que distingue a la autotutela son dos notas: la ausencia de un tercero ajeno a las partes y la imposición de la decisión por una de ellas a la otra.

La autotutela o autodefensa, fue en un principio el medio más utilizado para solucionar los conflictos. Actualmente, una vez que el Estado ha asumido como propia la función de solucionar, mediante el proceso jurisdiccional, los conflictos de trascendencia jurídica, la autotutela ha quedado prohibida, por regla general.

El art. 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; y asimismo señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, podemos señalar que este precepto constitucional, por un lado, prohíbe la autotutela o autodefensa, pero por otro lado, reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional.

La violación a la prohibición de la autotutela tiene una sanción. Sin embargo, el Estado no puede llegar a la prohibición total o absoluta de la autotutela. Existen determinadas situaciones de emergencia en las que las tutela de un derecho exige su defensa o ejercicio inmediatos por su titular, sin que pueda esperar la intervención de los tribunales, ya que ésta sería tardía e ineficaz. Estas hipótesis de autotutela permitida tienen un carácter excepcional: son una excepción a la regla general que prohíbe ese medio de solución.

Alcalá–Zamora clasifica los casos de autotutela permitida, de la siguiente manera:

1.- En primer lugar la autotutela puede funcionar como una réplica o respuesta a un ataque precedente. En esta categoría se encuentra la legítima defensa, que se presenta  cuando una persona repele “una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende” (Art. 15 , fracc. IV, del Código Penal Federal).

2.- La autotutela permitida también se puede manifestar como el ejercicio personal o directo de un derecho subjetivo, sin que su titular haya sufrido previo ataque. Podemos ubicar el estado de necesidad y el ejercicio de un derecho, que son causas de licitud que excluyen la antijuridicidad de una conducta tipificada penalmente; las diversas hipótesis en que el ordenamiento jurídico reconoce el derecho de retensión; la persecución de abejas; el corte de ramas de árboles del predio vecino que se extiende al propio; y la caza de animales ajenos que causen daños en el fundo propio; el despido de trabajadores; y el pacto comisorio.

3.- En tercer término, la autotutela también se puede presentar como el ejercicio de facultades atribuidas al mando para hacer frente a situaciones de excepción. Acá encontramos las facultades que se otorgan a los capitanes de los buques en alta mar o en aguas extranjeras, para ordenar lo que se llama avería gruesa o común; el cumplimiento de un deber, que es la causa de licitud que elimina la antijuridicidad de una conducta típica a la luz del derecho penal.

4.- Así mismo la autodefensa se puede expresar como el ejercicio de una potestad de uno de los sujetos en litigio. En este grupo se suele ubicar la facultad disciplinaria, que se confiere a la Administración pública para imponer, por si misma, sanciones administrativas (amonestación, suspensión, sanción económica e  inhabilitación temporal)  a los servidores públicos que incumplan con sus obligaciones  ( Art. 113 de la Constitución  Política ).

También debemos ubicar dentro de este grupo a la llamada potestad sancionadora de la administración pública, que permite a ésta imponer sanciones administrativas (multa, arresto, clausura, etc.) a los particulares que incurran en infracciones a las leyes administrativas.

Igualmente, incluimos la que se denomina facultad económico-coactiva, por medio de la cual las autoridades fiscales cobran de manera inmediata y directa los impuestos y demás créditos fiscales, sin necesidad de demandarlos ante los tribunales, e incluso sin concederles la garantía de audiencia.

5.- También se contempla la autotutela como un combate entre las partes enfrentadas, que fían a la fuerza y no a la razón la decisión de sus diferencias. En esta categoría se señala el duelo, que en el código penal no es considerado como una “circunstancia excluyente” del delito, sino sólo como una atenuante de la pena aplicable a los delitos de lesiones y homicidios (Art. 297 y 308, respectivamente). Así como la guerra .

6.- Por último, la autotutela también puede ser utilizada como un medio de presión o de coacción sobre la contraparte para lograr el prevalecimiento de los propios intereses. Se señala a la huelga o suspensión de labores, que es un medio legítimo de presión que otorga a los trabajadores la Constitución. Por su parte, a los patrones se les otorga el derecho de hacer paros “cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.

También se menciona dentro de este subgrupo la cláusula de exclusión por separación, en virtud de la cual el sindicato puede solicitar al patrón que separe de su trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato.

 

AUTOCOMPOSICIÓN

La autocomposición es un medio de solución parcial, porque proviene de una o de ambas partes en conflicto. Es unilateral cuando proviene de una de las partes y bilateral cuando tiene su origen en ambas partes. Pero, a diferencia de la autodefensa, la autocomposición no consiste en la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno, sino, por el contrario en la renuncia a la propia pretensión o en la sumisión a la de la contraparte. Alcalá –Zamora califica este medio de solución como altruista, porque a través de él se hace prevalecer el interés de la otra parte, el interés ajeno.

Las especies de la autocomposición son el: desistimiento, el perdón del ofendido, el allanamiento y la transacción. Las tres primeras tienen carácter unilateral y la última bilateral.

Desistimiento

Según Alcalá–Zamora, el desistimiento es “la renuncia a la pretensión litigiosa deducida por la parte atacante, y, en caso de haber promovido ya el proceso, la renuncia a la pretensión formulada por el actor en su demanda o por el demandado en su reconvención”.

Así como el actor expresa su pretensión  o reclamación en el acto por el cual inicia el proceso, es decir, en su demanda, así también el demandado, en la contestación a la demanda, puede no sólo oponer resistencia a la pretensión del actor, sino también, aprovechando la relación jurídica establecida, formular, a su vez, su propia pretensión o reclamación contra la parte actora. A esta pretensión del demandado se le denomina reconvención, contrademanda o contrapretensión. Por esta razón, la renuncia a la pretensión deducida en el proceso puede ser hecha tanto por el actor como por el demandado, pero este último sólo en el evento de que hubiese formulado su reconvención, lo cual le agrega a su carácter de demandado, el de actor (precisamente en la reconvención).

El art. 34 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal distingue dos tipos de desistimiento:

a)      el desistimiento de la acción (o de la pretensión), como se menciono anteriormente, es la renuncia hecha a la pretensión formulada por el actor en su demanda o por el demandado en su reconvención, pues “extingue (la acción) aun sin consentirlo el demandado”; por ello, este tipo de desistimiento proporciona una solución definitiva al litigio, ya que la parte actora no podrá formular de nuevo la acción desistida; y

b)      el desistimiento de la demanda o de la instancia, que sólo es una renuncia a los actos del proceso, por lo que deja a salvo la acción intentada, la cual podrá ser ejercida, de nueva cuenta, en un proceso posterior. Cuando se formule antes de que se emplace al demandado, no se requiere el consentimiento de dicha parte para que el desistimiento (que lo es sólo de la demanda) pueda tener eficacia jurídica. En cambio, cuando se formule después de que se haya llevado a cabo el emplazamiento del demandado, sí se exige el consentimiento de éste para que aquél pueda surtir sus efectos (en este caso, el desistimiento lo es de la instancia y no sólo de la demanda).

Es necesario advertir que el desistimiento de la acción tiene como presupuesto indispensable el carácter renunciable o disponible de los derechos sustantivos o materiales en los que intente fundarse. Por esta razón, este medio autocompositivo opera válidamente en los litigios civiles, mercantiles y, en general, en todos aquellos en los que las partes tienen facultades para disponer de sus derechos materiales controvertidos o renunciar a ellos. En cambio, en aquellos conflictos que versen sobre derechos indisponibles o irrenunciables, no tendrá o no deberá tener eficacia el desistimiento. En el proceso penal no procede, normalmente, el desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público, pues éste carece de facultades para disponer del ius puniendi (derecho de castigar).

Sin embargo, en algunas leyes procesales penales existe la promoción del sobreseimiento, es decir, la petición del Ministerio Público para que el juez dicte una resolución de sobreseimiento, que es aquella que pone fin anticipadamente al proceso penal sin llegar a la sentencia definitiva, por haber quedado acreditado que los hechos imputados no son constitutivos de delito, que el inculpado no intervino en el delito que se persigue o alguno otro de los supuestos.

Perdón del ofendido

El perdón del ofendido se da en los delitos que se persiguen por querella.

En el derecho procesal penal se distingue entre los delitos que deben ser perseguidos mediante denuncia y de aquellos que deben ser perseguidos por querella.

La denuncia es el acto por medio del cual cualquier persona, haya o no resentido los efectos del delito, hace del conocimiento del Ministerio Publico la comisión de hechos que pueden llegar a tipificar o configurar un delito. Una vez presentada la denuncia, será dicha autoridad la encargada de cumplir, de oficio, sus funciones de averiguar y, en su caso, ejercer la acción penal.

La querella consiste en hacer del conocimiento del Ministerio Publico la comisión de hechos que pueden llegar a constituir algún delito; la cual sólo puede ser presentada por la persona afectada por el delito, es decir, por el ofendido (o por su representante). En estos delitos se considera que debe prevalecer el interés del ofendido, por lo que sólo se debe proceder contra el probable responsable cuando lo solicite el propio ofendido.

En el ámbito federal, los delitos que pueden ser perseguibles por querella se encuentran, entre otros, los delitos de robo de uso, abuso de confianza y daños en propiedad ajena, cualquiera que sea su monto e independientemente de la calidad del sujeto activo; el fraude, cuando su monto no exceda del equivalente de 500 veces el salario mínimo general vigente en el lugar y en el momento en que se cometió el delito; el robo, el despojo y la extorsión cuando sean cometidos por determinadas personas vinculadas con el ofendido por el parentesco, la adopción, el matrimonio o el concubinato; los delitos de hostigamiento sexual, estupro y adulterio.

A diferencia del denunciante, el querellante conserva un poder dispositivo sobre el proceso penal, pues su perdón extingue la pretensión punitiva, con tal que se conceda antes de que se pronuncie sentencia de segunda instancia. En el adulterio, el perdón del ofendido puede otorgarse aun después de que se haya dictado sentencia de segunda instancia, y tal caso deja sin efecto la sentencia y la condena impuesta.

Allanamiento

En el derecho procesal la palabra allanamiento designa la actitud autocompositiva propia de la parte demandada, consistente en aceptar o someterse a la pretensión de la parte actora, de la parte atacante. Cuando el demandado se allana o se somete a la pretensión de la otra parte, no opone ninguna resistencia frente a aquélla, por lo que no llega a manifestarse realmente un litigio. Por esta razón, cuando el demandado se allana en el proceso, se suprimen las etapas de pruebas y alegatos; y aunque el juzgador cita para sentencia y pronuncia una resolución a la que denomina formalmente sentencia, ésta no tiene realmente tal carácter, pues no es una decisión sobre un litigio, que no llegó siquiera a manifestarse, sino que es simplemente una resolución que aprueba el allanamiento del demandado.

El allanamiento, como el desistimiento, constituye un acto de disposición de  derechos, por lo que sólo podrá tener eficacia cuando se haga sobre derechos renunciables. Por esa razón, el juzgador no deberá aprobar este acto de disposición cuando pretenda afectar derechos irrenunciables o indisponibles o derechos de terceros.

Basta con que se admita la pretensión o las pretensiones contenidas en la demanda, sin que sea necesario, además, aceptar expresamente las cuestiones de hecho y de derecho en que intente basarse. La admisión de estas cuestiones queda fuera del allanamiento en sentido estricto y corresponde a otras actitudes del demandado frente a la demanda; la confesión, cuando se admiten como ciertos los hechos expresados en la demanda, y el reconocimiento, cuando se aceptan los fundamentos de derecho.

Cuando el allanamiento satisfaga los requisitos legales, su principal consecuencia es que no será necesario agotar las etapas de prueba y de alegatos, por lo que el juez deberá citar a las partes para oír sentencia, ya que el demandado, al allanarse, no ofrece resistencia a la pretensión de la parte actora, ni controvierte expresamente sobre los hechos y el derecho alegados por esta última parte, no serán necesarias dichas etapas por no existir hechos controvertidos qué probar ni alegatos qué expresar. En cambio, cuando la parte demandada sólo confiesa que son ciertos los hechos expresados por la parte actora en su demanda sin que se allane a la pretensión, únicamente se suprimirá la etapa de pruebas (por no ser necesarios éstas frente a los hechos confesados), pero sí tendrá que llevarse a cabo la de alegatos, para que las partes manifiesten sus argumentos sobre las cuestiones de derecho discutidas.

En el proceso penal ni el allanamiento, ni la confesión, ni el reconocimiento pueden ni deben vincular al juzgador, ni suprimir etapas procesales, ya que los derechos fundamentales que la Constitución establece a favor del procesado, no pueden ser desconocidos o violados bajo el pretexto de que el inculpado “se allanó”, “confesó” o “reconoció”. El proceso penal debe continuar a pesar de estas supuestas actitudes del inculpado y sólo debe terminar con una sentencia en la que el juez, con base en pruebas idóneas y pertinentes, resuelva si los hechos imputados quedaron o no comprobados y, en caso afirmativo, si se probó o no la culpabilidad del procesado.

Transacción

La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura.

Es un medio autocompositivo bilateral, porque a través de ella las dos partes solucionan el litigio renunciando parcialmente a su respectiva pretensión y resistencia.

La forma mas apropiada para llevar acabo la transacción, la que ofrece mayores garantías, es la del convenio judicial, que es aquel que las partes celebran dentro de un proceso o juicio, con la aprobación del juzgador. Esta aprobación otorga al convenio judicial la autoridad y eficacia de la cosa juzgada, equiparándolo a una sentencia firme. Por lo que si alguna de las partes no cumple con lo convenido, la otra podrá solicitar al juzgador que ordene la ejecución coactiva del convenio, sin necesidad de promover un nuevo proceso o juicio, sino directamente a través de la vía de apremio.

La transacción, al igual que el desistimiento y el allanamiento, es un acto de disposición de derechos, o al menos, de pretensiones litigiosas, por lo que solo puede recaer sobre derechos renunciables. Por lo que no pueden ser objeto de transacción, entre otras, las siguientes cuestiones: a) el estado civil de las personas; b) la validez del matrimonio; c) el delito; d) el derecho de recibir alimentos, y e) los derechos que deriven de una sucesión futura o de un testamento antes de ser visto.

Por último, los medios de solución autocompositivos sí excluyen al proceso, ya sea evitando que éste surja o ya sea extinguiéndolo en forma anticipada.

 

HETEROCOMPOSICIÓN

En la heterocomposición la solución al conflicto es calificada de imparcial, porque no va a ser dada por las partes, sino por un tercero ajeno al litigio, un tercero sin interés propio en la controversia.

Mediación

La función de este tercero puede limitarse a propiciar la comunicación, la negociación entre las partes, para tratar que ellas mismas lleguen a un acuerdo que resuelva el conflicto, y a este tercero se le denomina mediador.

La mediación normalmente se lleva a cabo de manera informal y, por lo mismo, no existen organismos o instituciones encargados de prestar regularmente este servicio. En los litigios individuales los propios abogados pueden contribuir a establecer la comunicación directa entre las partes, a fin de encontrar una solución negociada.

Conciliación

El tercero ajeno a la controversia puede asumir un papel más activo, consistente en proponer a las partes alternativas concretas para que resuelvan de común acuerdo sus diferencias. En esta hipótesis el tercero asume el papel de conciliador y a su función se le denomina conciliación. El conciliador no se limita a mediar entre las partes, sino que les debe sugerir fórmulas específicas para que puedan llegar a un convenio entre ellas, por lo que debe de conocer la controversia, a fin de que esté en condiciones de proponer alternativas razonables y equitativas de solución.

La adopción de esas propuestas hechas por el conciliador queda sujeta a la voluntad de las partes, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas. Por ello, en la conciliación al igual que en la mediación, la solución del litigio depende, finalmente, de la voluntad de las partes.

La conciliación normalmente es desempeñada por organismos, o instituciones, a través de procedimientos formalizados en las leyes. En este sentido, la conciliación se clasifica en judicial o extrajudicial, según si la persona que la ejerce es un juzgador o un auxiliar de éste, o bien, si es un órgano fuera de la organización judicial.

En la extrajudicial es el caso como el de la Procuraduría Federal del Consumidor, que tiene entre sus atribuciones la de procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores conforme al procedimiento conciliatorio previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor; y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a la que compete procurar la conciliación en los conflictos entre las instituciones financieras y los usuarios de los servicios financieros.

A su vez, a la conciliación judicial se le denomina preprocesal cuando se manifiesta como una etapa previa a la iniciación o el desarrollo del proceso –como acontece con la audiencia previa y de conciliación en el juicio ordinario civil-; y recibe el nombre de intraprocesal cuando se presenta dentro del desarrollo del proceso, obviamente antes de que éste termine.

Ombudsman

El tercero ajeno a la controversia también puede asumir el papel de lo que en el derecho comparado se conoce como ombudsman.

Esta institución nació en la constitución sueca de 1809 como un representante o comisionado del parlamento, encargado de cuidar los derechos generales e individuales del pueblo; de recibir las quejas de los particulares contra actos de funcionarios públicos que se estimen violatorios de la ley; de llevar a cabo investigaciones sobre dichos actos así como de formular las recomendaciones que considere pertinentes para resolver el problema planteado.

En México la institución de ombudsman se introdujo en 1976 con la Procuraduría Federal del Consumidor, ya que además de la función conciliatoria que tiene, la procuraduría también puede requerir a las autoridades competentes para que tomen las medidas adecuadas para combatir todo género de prácticas que lesionen los intereses del consumidor.

El 5 de junio de 1990 se creó la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos, la cual fue elevada a rango constitucional por decreto publicado en el DOF del 28 de enero de 1992. Así mismo, las legislaturas locales pueden establecer organismos de protección de los derechos humanos que conocerán de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, que violen esos derechos, con exclusión del Poder Judicial Federal.

Estos organismos conocen, dentro de sus respectivas competencias, de las quejas de probables violaciones a derechos humanos; llevan a cabo las investigaciones sobre éstas; procuran la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, y formulan recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias (no emiten resoluciones obligatorias), cuya eficacia depende de la respetabilidad del organismo que las formule, de la fundamentación de sus propuestas y de la disposición de las autoridades para acatarlas.

Arbitraje

El tercero ajeno a la controversia puede tener una función de mayor relieve en la solución del litigio, como ocurre en el arbitraje.

El tercero -al que se denomina árbitro- no se limita a proponer la solución a las partes, sino que va a disponer dicha solución a través de una resolución obligatoria para las partes, a la que se conoce como laudo. Sin embargo, para que el arbitraje pueda funcionar es necesario que previamente las partes hayan aceptado, de común acuerdo, someterse a este medio de solución.

El arbitraje presupone la existencia de un conflicto, de un litigio que surge entre las partes;  pero también requiere que haya, dentro de ese litigio, un acuerdo previo entre las partes para someter sus diferencias al arbitraje.

El acuerdo previo de las partes –al que se le suele denominar acuerdo arbitral- puede revestir la forma de una cláusula compromisoria, que es un estipulación sostenida dentro de un contrato principal, en la cual las partes contratantes manifiestan su voluntad de que, si llega a surgir algún conflicto sobre la interpretación o aplicación del contrato, aquél sea resuelto por medio del arbitraje. Pero el acuerdo también puede manifestarse a través de un compromiso arbitral, que es un convenio principal que celebran las partes para someter al arbitraje un litigio presente.

En ambos casos, es la voluntad de las partes la que hace posible que el litigio se sujete a la decisión del árbitro; pero una vez celebrada la cláusula compromisoria o el compromiso arbitral, la sujeción de las partes al arbitraje y al laudo ya no depende de su voluntad; después del acuerdo arbitral, la sumisión al arbitraje y el acatamiento del laudo resultan obligatorios para las partes.

No obstante, el árbitro, por ser sólo un particular y no un órgano del Estado, carece de imperio para imponer coactivamente sus resoluciones, tanto las que dicte en el curso del arbitraje como aquellas con la que decida la controversia, es decir, el laudo. Las facultades del árbitro para solucionar el conflicto no derivan directamente del Estado, sino del acuerdo previo celebrado por las partes, conforme a la legislación. Pero este acuerdo de las partes no puede proveer al árbitro del imperio del Estado. El interesado tendrá que acudir a un juez, a un órgano jurisdiccional del Estado, para que, en ejercicio de sus facultades de imperio, ordene el cumplimiento forzoso de la determinación o la ejecución coactiva del laudo.

Sin embargo, el juez puede ordenar su ejecución, sólo si estima que:

a)      el compromiso arbitral o la cláusula compromisoria se celebraron conforme a derecho;

b)      se integró válidamente el tribunal arbitral;

c)      el juicio arbitral versó precisamente sobre el conflicto sometido a arbitraje; y

d)      en él se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento

En caso  contrario, debe negarse la ejecución.

Es válido aclarar que existen instituciones que, a pesar de poseer denominaciones que aluden al arbitraje, no ejercen, en realidad, funciones arbitrales. En este caso se encuentran las Juntas (Federal y locales) de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que son verdaderos tribunales del Estado, los cuales conocen de procesos jurisdiccionales sobre conflicto laborales. Sus facultades para conocer de estos conflictos no derivan de un acuerdo previo de las partes, sino de la fuerza de la ley y del imperio del Estado. Sus resoluciones sobre las controversias de que conocen, aunque formalmente de denominen laudos, constituyen verdaderas sentencias que no sólo son obligatorias para las partes, sino que poseen fuerza ejecutiva por sí mismas; las Juntas y el Tribunal pueden ordenar su ejecución forzosa, pues como órganos del Estado que son, están dotados de imperio para hacerlo.

Proceso

Cuando ese tercero ajeno que decide el conflicto es un órgano jurisdiccional del Estado, un juzgador, con facultades no sólo para emitir una resolución obligatoria para las partes, sino también para imponerla por sí mismo en forma coactiva, estaremos frente al proceso.

El proceso es la solución heterocompositiva, es decir, la solución imparcial, a cargo de un órgano de autoridad del Estado, el juzgador, que interviene a instancia de una de las partes y cuya autoridad deriva del imperio del propio Estado y de la  fuerza de la ley.

Para que intervenga el órgano jurisdiccional del Estado no es necesario que las partes hayan acordado previamente someterse a este órgano del Estado; no es requisito un acuerdo de las partes. Basta con que uno solo de los interesados decida someter la controversia al conocimiento del órgano jurisdiccional competente del Estado, para que, por el imperio de éste y la fuerza de la ley, la otra parte quede sujeta al proceso que se siga ante ese órgano jurisdiccional del Estado; y, asimismo, ambas partes estarán obligadas a cumplir las determinaciones del juzgador y su pronunciamiento final, que recibe el nombre de sentencia.

Una vez que el órgano jurisdiccional del Estado pronuncia la sentencia y que ésta quede firme, inimpugnable, el interesado puede solicitar al propio juzgador que ordene la ejecución forzosa de la misma, sin necesidad de un reconocimiento por parte de un órgano distinto, como es el caso del laudo emitido por el árbitro, en el cual es necesario que el interesado lo someta al reconocimiento u homologación del órgano jurisdiccional competente, a fin de que ordene la ejecución correspondiente.

De acuerdo con la terminología de Alcalá–Zamora, podemos distinguir los medios de solución heterocompositivos, afirmando que en la conciliación el conciliador propone alternativas de solución; el ombudsman la recomienda; en el arbitraje, el árbitro dispone la solución a través del laudo; y en el proceso, el juzgador dispone e impone la solución por medio de la sentencia.

 

Bibliografía

Teoría General del Proceso.- José Ovalle Favela. Sexta edición. Editorial Oxford. 2006

Por agarcia - Publicado en: Teoría General del Proceso
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Wednesday 13 january 3 13 /01 /Ene 00:21

TEMA I.- TEORIA GENERAL DEL PROCESO

1. Noción.

2. Naturaleza.

3. Objeto y materias de su estudio

4. El problema de su denominación

 

 NOCIÓN

 La Teoría General del Proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procesales especiales. Esta definición se basa en la de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, para quien la Teoría General del Proceso es el “conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del enjuiciamiento”.

 Como el nombre mismo de la materia lo está indicando, la Teoría General del Proceso tiene como objeto principal de estudio el proceso; pero el proceso contemplado desde un punto de vista teórico, no práctico.  En consecuencia, la Teoría General del Proceso no estudia cómo se siguen los procesos ante los tribunales, puesto que la teoría es un conocimiento especulativo, independiente de toda aplicación.

 Tampoco estudia dicha Teoría al proceso desde un punto de vista particular, específico, sino general; no concreto, sino abstracto.  Por eso no estudia las distintas normas jurídico-procesales positivas de una determinada materia, sino que tiende a encontrar y analizar lo que las citadas normas tienen de común, de homogéneo, entre sí.

 

 EVOLUCIÓN DOCTRINAL DE LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO (NATURALEZA)

 La Teoría General del Proceso empezó a formarse a partir del llamado “Procesalismo científico”. Sin embargo, antes de hablar de ésta corriente del pensamiento jurídico-procesal, trataremos brevemente las distintas escuelas o períodos por lo que ha atravesado, según Alcalá-Zamora, la evolución de la doctrina del Derecho Procesal.  Este autor los denomina:

 Periodo primitivo

  1. Escuela judicialista (italiana)
  2. Tendencia de los prácticos (práctica forense) (española)
  3. Procedimentalismo (francesa)
  4. Procesalismo científico (Teoría general del proceso) (alemán)

 El período primitivo llegó hasta el sigo XI de la era cristiana y se caracterizó por la ausencia de auténticas exposiciones procesales.  La típica división tripartita del derecho, que predominó en Roma (en personas, cosas y acciones), incluyó en esta última sección las normas procesales como un complemento o apéndice de las dos primeras y contribuyó a difundir la imagen distorsionada de que las normas procesales tenían un carácter secundario, por estar exclusivamente al servicio del derecho sustantivo.

 La escuela judicialista surge en Bolonia a partir del siglo XII, y después de difundirse en las primeras naciones de Europa concluye alrededor del siglo XV.  Con esta escuela se inician las exposiciones especialmente  dedicadas al estudio del proceso y sus instituciones.  Alcalá-Zamora aclara que ha denominado a esta escuela judicialista por ser el juicio el concepto que destaca en sus trabajos.

 La escuela judicialista trabaja sobre la base del llamado derecho común, que va a resultar de la conjunción del derecho romano, el derecho germánico y el derecho canónico. En el ámbito procesal, el concepto fundamental del derecho común europeo, como advierte acertadamente Alcalá-Zamora, fue el de juicio, entendido como proceso.  En este sentido, Nicola Picardi afirma que “para todo el arco del derecho común, iudicium es palabra clave de la doctrina procesal: para los mismos tratados de la materia eran frecuentes los títulos de iudicis u ordo iudiciarius”.   Contrario de lo que ocurrió en España, donde la expresión juicio de mantuvo hasta el año 2000, las demás naciones fueron sustituyendo paulatinamente, a partir del siglo XVI, la expresión juicio por la de proceso.  En la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 2000 se utiliza la palabra proceso en un sentido general y juicio para referirse a los procedimientos específicos.  En los países hispanoamericanos, por la influencia de la anterior legislación española, se conserva regularmente la palabra juicio.

 La tendencia de los prácticos, en España se desarrolla del siglo XVI hasta ya entrado el siglo XIX.  Alcalá-Zamora caracteriza esta tendencia por los rasgos siguientes:

 a)     Contemplación de la materia procesal más como un arte (o técnica) que como una ciencia.

b)     Cualidad de prácticos en la mayoría de los autores.

c)      Predominio frecuente de las opiniones de los prácticos, sobre los propios preceptos legales, deformados e incluso anulados por las mismas.

d)     Tonalidad nacional más marcada que en las otras tendencias.

 A este tercer período corresponde el nombre de práctica forense, con el que se titularon frecuentemente los cursos y los libros sobre la materia.

 El procedimentalismo, surgida en Francia como consecuencia de las transformaciones jurídicas que trajo consigo la Revolución, así como de la codificación napoleónica. Esta tendencia se ocupa fundamentalmente de la organización judicial, la competencia y el procedimiento.  Su método consiste básicamente en describir estos temas, siguiendo el orden y contenido de los códigos de procedimientos, a la manera de la escuela de la exégesis (interpretación).

 Esta tendencia se desarrolló sobre todo en el siglo XIX, pero todavía sobrevive en algunos lugares y autores.  El título que correspondió a los cursos y los libros sobre la materia fue precisamente el de procedimientos judiciales; o también, según la rama específica del derecho sustantivo aplicado a través de aquéllos, Procedimientos civiles, Procedimientos penales, etc.

 El procesalismo científico. Contribuyente al nacimiento y desarrollo de esta tendencia, por un lado, la célebre polémica entre Windscheid y Muther en torno a la actio (acción) en el derecho romano, y por el otro, la publicación del libro clásico de Oskar Von Bülow, La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales.  Con la primera se inician las doctrinas sobre la autonomía de la acción respecto del derecho subjetivo sustantivo aducido en el proceso; y en el segundo se señalan, en forma rigurosa y sólida, las bases para distinguir, con toda claridad, entre la relación jurídica sustantiva, que se supone que existe entre las partes, y la relación jurídica procesal que se establece entre las propias partes, el juzgador y los terceros que intervienen en el proceso.  A partir de este deslinde fundamental, Bülow desarrolla su teoría del proceso como relación jurídica y su teoría de los presupuestos procesales.

 Alcalá-Zamora resume los cambios operados a partir de la obra de Bülow y sus segidores, en estos términos:

 a)      La independencia del derecho procesal frente al derecho material, iniciada por los judicialistas de la escuela de Bolonia y acentuada cuando la codificación napoleónica difunde el modelo de su legislación separada, se lleva a sus últimas consecuencias…

b)     Los conceptos y cuestiones primordiales de nuestra disciplina –la acción, jurisdicción, el proceso, la actuación de las partes, etc.- se examinan conforme a criterios de riguroso derecho procesal.

c)      La superación del método expositivo, mediante la sustitución de la exégesis por el sistema.

d)     El estudio de la materia procesal se acomete con enfoque y técnica distintos:… los procesalistas hacen teoría del derecho procesal, incluso acerca del procedimiento…

 

Los más destacados procesalistas de la segunda mitad del XX han desarrollado sus trabajos, entre otras, en las direcciones siguientes:

 a)      Han procurado no sólo estudiar lo que podríamos llamar la estructura interna del proceso y de los demás conceptos e instituciones procesales, sino también su función dentro de la sociedad: así han analizado problemas como el del acceso a la justicia, la práctica de las pruebas, la eficacia del proceso, etc., para lo que han tenido necesidad de utilizar métodos y técnicas de investigación sociológicos y de otras ciencias sociales.

b)     Han desarrollado, con mayor rigor y extensión, el análisis comparativo (el llamado derecho comparado) en el estudio de los problemas procesales; y

c)      Han puesto un mayor énfasis en la investigación de los diversos problemas que confrontan los órganos del Estado encargados de la aplicación concreta de las normas procesales.

 Al lado de los estudios acerca de las normas procesales en sentido estricto deben desarrollarse también las investigaciones sobre la regulación de la administración de justicia. Es claro que el conocimiento del proceso jurisdiccional resulta insuficiente si se descuida o se ignora el conjunto de órganos encargados de la aplicación concreta de dicho proceso.  Estas tres orientaciones fundamentales son las que caracterizan la concepción funcional –como la llama Danti- del procesalismo contemporáneo.

 Como es evidente, la corriente del procesalismo es la que ha venido a consolidar la autonomía de la ciencia del derecho procesal.

 Para concluir, señalaremos algunas de las definiciones acerca del derecho procesal como ciencia.

 Para Eduardo B. Carlos, “la ciencia del derecho procesal estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso, por cuyo medio el Estado, ejercitando la función jurisdiccional, asegura, declara y realiza el derecho”.  Consideramos que en esta definición se ubican de manera satisfactoria el proceso y la función jurisdiccional.

 Asimismo, se señalan las tres finalidades que puede tener el proceso respecto del derecho sustantivo: asegurarlo de modo provisional, a través de las medidas cautelares; declararlo a través de una sentencia, para aquellos casos en que exista incertidumbre o debate sobre su interpretación; y realizarlo; al dar cumplimiento a una sentencia constitutiva (por medio de la cual se crea una nueva situación jurídica o se modifica una anterior), o al ejecutar una sentencia de condena (que es la que ordena una conducta determinada a la parte demandada o inculpada).

 Por nuestra parte, podemos definir el derecho procesal como la ciencia que estudia el conjunto de normas y principios que regulan tanto las condiciones conforme a las cuales las partes, el juzgador y los demás participantes deben realizar los actos por los que se constituye, desarrolla y termina el proceso; así como la integración y competencia de los órganos del Estado que intervienen en el mismo.

 Estas definiciones se refieren a la ciencia del derecho procesal en su conjunto.  Sin embargo, para llevar a cabo un análisis más detallado de cada uno de los conceptos, principios e instituciones de carácter procesal, así como para conocer la aplicación de éstos en los diversos procesos, es conveniente dividir el estudio del derecho procesal en dos grandes partes: una primera parte, de carácter general, a la que se ha denominado Teoría General del Proceso; y una segunda parte, de carácter especial, en la que se agrupan las diversas disciplinas que se encargan del estudio específico de cada tipo de proceso.

  

OBJETO Y MATERIA DE ESTUDIOS

 La Teoría General del Proceso tiene como objeto principal de estudio el proceso

 Materia de su estudio: Los elementos comunes a las distintas clases del proceso.

 Entre los elementos comunes podemos encontrar unos fundamentales y otros secundarios.

 Conceptos fundamentales

No hay ni ha habido unanimidad de criterios en los procesalistas sobre cuáles sean los conceptos fundamentales. La tendencia actual, y que a nuestro parecer, es la de considerar como “nociones fundamentales de orden sistemático, que no están definidas, sino presupuestas, por las leyes positivas: jurisdicción, acción y proceso”; lo que Ramiro Podetti llama la “Trilogía estructural de la ciencia del proceso civil”, título de un ensayo sobre el tema.

 Conceptos secundarios

Estos conceptos se encuentran también en cualquiera clase de procesos.  Tenemos por ejemplo:

 A)     Los sujetos procesales que son el juzgador y las partes, principalmente. También lo pueden ser los terceros.

B)     La finalidad del proceso que puede ser preventiva o represiva.

1)     la preventiva tiende a evitar que por la autotutela se perturbe el orden público

2)     la represiva, a restablecer el orden jurídico perturbado o que se cree perturbado.

C)     En todo proceso, también encontramos aplicados los conceptos de procedimiento, competencia, actuaciones judiciales, plazos para actuar, pruebas, resoluciones judiciales, recursos, etc.

D)    Los sistemas de apreciación o valoración de las pruebas también son los mismos en los diversos procesos.  El libre, el traslado o legal, el mixto y el de la “santa crítica”

 

Principios

 Los principios que rigen todo proceso, igualmente son los mismos: el de igualdad, el de economía, el de probidad, el de preclusión, el de inmediación, el dispositivo y el inquisitorio, el de escritura y el de oralidad, el de publicidad y el de secreto, etc.

 

Puntos que fundamentan la unidad de lo procesal, según Gómez Lara

 No son los únicos, pero sí los más importantes:

 a)      El contenido de todo proceso es un litigio. No hay procesos sin litigio. Incluso en el proceso penal encontramos uno que es el conflicto entre la pretensión punitiva del Estado a través de la acusación, y la resistencia del procesado y los órganos de la defensa.

b)     La finalidad de todo proceso es resolver ese litigio.

c)      En todo proceso existen siempre un juez o tribunal y dos partes contrapuestas entre sí y supeditadas a éste.

d)     Todo proceso presupone una organización judicial con jerarquías y competencias

e)      En todo proceso hay una secuencia u ordenes de etapas, desde su inicio hasta su fin, que no son necesariamente idénticas de un tipo procesal a otro. Existen dos grandes etapas en el proceso: la de la instrucción y la del juicio.

f)       Por regla general, en todo proceso hay un principio de impugnación que es el medio de combatir las resoluciones judiciales incorrectas, ilegales, equivocadas, irregulares, injustas o no apegadas a derecho. Las finalidades de todo medio de impugnación son:

1.       Confirmación de la resolución

2.       modificación de ésta (se cambia sustancialmente su contenido o alcance)

3.       Revocación de la misma (se deja sin efecto, insubsistente)

 

 EL PROBLEMA DE SU DENOMINACIÓN

 Corriente diversificadora

 Para que se pueda hablar de Teoría General del Proceso, es necesario que haya cierta unidad, ciertos elementos comunes entre los distintos procesos.  Ahora bien, hay una corriente doctrinal que sostiene la no existencia de estos elementos, es decir, que los procesos son diferentes entre sí, según la materia, y que no tiene nada en común entre ellos.  Son principalmente los penalistas, quienes también estudian el proceso penal, los sostenedores de esta teoría diversificadora.  Entre ellos encontramos estos argumentos:

1. El objeto esencial del proceso penal es una relación de derecho público; el del civil es una relación de derecho privado. Consideramos que lo que quiere decir Florian con esto, es que, en materia procesal penal, hay un interés público en que los crímenes no queden impunes, pues de otra manera prevalecería el desorden, y no sería posible la convivencia social.  En el proceso civil, en cambio, sólo están en juego intereses privados, como son, por ejemplo, los de los acreedores.

2. El proceso penal es un instrumento normalmente indispensable para la aplicación de la ley penal; en cambio el proceso civil no es siempre necesario para la actuación de las relaciones de derecho privado.  El contraste no es absoluto, dice Alcalá-Zamora. En materia penal existió y existe la composición pecuniaria de los delitos y el perdón del ofendido, que hacen innecesario el proceso correspondiente.

3. En el proceso penal el poder dispositivo de las partes es muy restringido y el del juez es grande; en el civil sucede lo contrario.  Es decir, en el proceso penal se aplica sobre todo el principio inquisitorio; en el civil, el dispositivo. Cuando se aplica el principio inquisitorio, el juez tiene muchas facultades para actuar de oficio, sin que las partes se lo pidan; pueden actuar de motu propio, por propia iniciativa.  En el proceso civil se aplica fundamentalmente el principio dispositivo. Con esto se quiere decir que el juez no puede actuar si las partes no actúan.  Esta regla no es absoluta, , dice Alcalá-Zamora. En el derecho penal hay formas autocompositivas como son el perdón del ofendido y la retractación en el caso de injurias; en ellas las partes tienen poder dispositivo.  En contrapartida, en el proceso civil también se aplica el principio inquisitorio, como cuando el juez tiene facultades discrecionales, para “mejor proveer”.

4. En el proceso penal no es suficiente la sola confesión de la parte acusada para tener por verdadero el hecho que se trata de probar; en el civil, sí (a veces basta el simple silencia de la parte).  En éste se aplica el principio que dice: “a confesión de parte, relevo de prueba”. Dice Alcalá-Zamora, que en primero se ha reducido a simple indicio, y en el segundo es reemplazada o coexistente con la llamada declaración libre de parte.

 

Corriente unitarista

Quizás podemos decir que la mayor parte de los procesalistas modernos sigue esta corriente. Y aunque en un principio fueron los procesalistas civiles los que comenzaron a enfocar el estudio del proceso desde los puntos de vista general y teórico que hemos mencionado, posteriormente procesalistas de otras materias aplicaron en su campo de estudio las concepciones, ideas y doctrinas de esos procesalistas civiles.

Entre los autores que han escrito en especial sobre el tema de la unidad procesal, tenemos a D’Agostino quien escribió sobre La unidad fundamental del proceso civil y el penal; Desde luego, no hay que olvidar mencionar a Alcalá-Zamora.

En general, lo que  sostienen los propugnadores de la Teoría General del Proceso, es que existe unidad dentre los distintos procesos, es decir, ciertos elementos comunes que los unen.  Pero aclara Alcalá-Zamora, unidad no quiere decir igualdad ni mucho menos identidad.

 

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Saturday 14 march 6 14 /03 /Mar 22:48

ACCION Y EXCEPCIÓN

 

  1. Evolución histórica de la acción
  2. Naturaleza de la acción
  3. Concepto de la acción
  4. Elementos y condiciones de la acción
  5. Tipos de acción
  6. Excepción
  7. Acción, excepción y derecho a la tutela jurisdiccional

 

 

1. Evolución histórica.

 

La palabra acción tiene su origen en la expresión latina actio, sinónimo de actus, y aludía a los actos jurídicos.

 

En el primer periodo del proceso civil romano se denominó legis actiones (actos o actuaciones de ley) a determinados actos solemnes establecidos en la ley que se debían cumplir para obtener la realización de un juicio y la decisión sobre un punto controvertido.

 

Durante el segundo periodo del proceso civil romano (llamado del procedimiento formulario o per formulas), se llegó a identificarla con la fórmula misma, es decir, con la instrucción escrita en la que el magistrado designaba al juez que debía continuar conociendo del litigio, ahora en la fase in iudicio, y en la que fijaba los elementos con base en los cuales el juez debía emitir su decisión, condenando o absolviendo al demandado.

 

Posteriormente, la palabra actio dejó de utilizarse para designar el aspecto exterior del acto, como era la fórmula, y pasó a ser empleada para aludir a una parte del contenido de esta última: “el derecho que el actor hacía valer contra el demandado”.

 

Este último significado sirvió de base para la teoría que identificó la acción con el derecho subjetivo sustancial reclamado en juicio.

 

Actualmente la palabra acción tiene numerosos significados, aun circunscribiéndola al campo del derecho procesal.

 

De acuerdo con Couture, la palabra acción tiene en el derecho procesal tres acepciones distintas:

 

  1. Se le utiliza como sinónimo del derecho subjetivo material que trata de hacerse valer en juicio.  Los juzgadores suelen expresar, en los puntos resolutivos de sus sentencias, que “la parte actora no probó su acción”, fórmula tradicional con la que indican que dicha parte no probó los hechos en que pretendió basar el derecho subjetivo material que alegó tener en el juicio; en pocas palabras, no demostró tener el derecho subjetivo material reclamado.

 

  1. Suele ser usada para designar la pretensión o reclamación que la parte actora o acusadora formula en su demanda o en su acusación.  La pretensión es la reclamación concreta que la parte actora hace contra la parte demandada, en relación con algún bien jurídico; es “lo que pide” el actor en su demanda o el acusador en su acusación. (se habla de acción fundada o infundada, de acción de condena, etc.)

 

  1. Es entendida como la facultad (o el derecho público subjetivo) que las personas tienen para promover un proceso ante un órgano jurisdiccional, con el fin de que, al concluir el proceso, emita una sentencia sobre una pretensión litigiosa y, en su caso, ordene la ejecución de la sentencia. Esta facultad o derecho se tiene con independencia de que la parte que lo ejerza tenga o no razón;  de que sea o no fundada su pretensión.

 

 

2. Naturaleza de la Acción

 

Las siguientes teorías han hecho alguna aportación significativa para la determinación de la naturaleza jurídica de la acción.

 

A.      La acción como derecho material.

 

La base de esta teoría se encuentra en la definición de Celso de la acción: “No es otra cosa la acción que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe”; es decir, que se identificara o se confundiera la acción con el mismo derecho subjetivo material que se pretendía hacer valer a través de aquélla.

 

Esta teoría permaneció inalterable hasta mediados del siglo XIX.  Sin embargo fue objeto de algunas precisiones, como la que sostuvo Savigny, quien manifestó que el derecho de accionar era el derecho a la tutela judicial nacido de la lesión de un derecho, es decir, era el derecho en que se transforma un derecho al ser lesionado.  Para Savigny, el derecho de acción no es sino el derecho a la tutela judicial que nace de la lesión a un derecho subjetivo material.

 

De esta teoría, se puede concluir que: no hay acción sin derecho; no hay derecho sin acción; y la acción sigue la naturaleza del derecho.

 

B.      Polémica Windscheid-Muther.

                 

El punto de partida del trabajo de Bernhard Windscheid estaba  constituido por “la idea de que la actio del derecho civil romano no es lo que hoy se entiende por acción o derecho de accionar, o sea un medio de tutela del derecho lesionado, sino una expresión autónoma del derecho o,mejor aún, de la pretensión jurídica”.  En el derecho romano, la actio no era sino la pretensión perseguible en juicio; esa pretensión no era algo derivado dela existencia de un derecho y de su lesión, sino algo originario y autónomo.

 

El propio Windscheid aclara que la actio romana tenía un doble significado: como pretensión perseguible en juicio y como el hecho de hacer valer esa pretensión ante los tribunales, el cual no solamente se refiere al primer acto de formular la pretensión actora, sino a la actividad total del actor, es decir, no se extingue hasta la pronunciamiento de la sentencia.

               

Por su parte, Theodor Muther sostiene que “quien tenía derecho a que se le confiriera la fórmula (derecho de acción) debía tener también un derecho subjetivo, que era presupuesto y fundamento del primero.”

               

Muther distinguía entre la acción, a la cual entendía como el derecho al libramiento de la fórmula o, más ampliamente, el derecho a la tutela judicial, y el derecho subjetivo material del perjudicado por la lesión a ese derecho. La acción le ejerce el lesionado frente al Estado, para que le conceda la tutela judicial. El derecho subjetivo material del lesionado es el presupuesto del derecho de acción, si bien ambos tienen naturaleza distinta: el primero tiene carácter privado y se manifiesta entre particulares; el derecho de acción, en cambio, tiene naturaleza pública pues se ejerce frente al órgano jurisdiccional del Estado.

               

Las reflexiones de Windscheid y Muther iniciaron la separación doctrinal entre la acción y el derecho subjetivo material y fueron la base de un amplio y profundo proceso de revisión y análisis de estos dos conceptos.

 

C.       La acción como derecho a la tutela concreta.

 

 Sobre la base común de la autonomía de la acción respecto del derecho subjetivo material se han desarrollado diversas teorías que contemplan la acción con determinadas modalidades específicas.

 

La teoría que considera la acción como un derecho a la tutela concreta, tiene como característica fundamental el concebirla como un derecho a una sentencia concretamente favorable a la parte actora. Para esta teoría, si bien la acción es distinta del derecho subjetivo material, sólo se concede a quien tiene efectivamente este último.

 

Wach entiende a la acción como un derecho que se ejerce ante el Estado para que satisfaga el interés de tutela jurídica del demandante, en la forma establecida por el ordenamiento jurídico, y frente al adversario, que debe tolerar el acto del tutelo.

 

Chiovenda define la acción como “el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la ley”. Ubica la acción dentro de la categoría de los derechos potestativos, es decir, aquellos que tienden “a producir un efecto jurídico a favor de un sujeto y a cargo de otro, el cual no debe hacer nada ni siquiera para librarse de aquel efecto, permaneciendo sujeto a su acción”. Para Chiovenda la acción es un poder que corresponde frente al adversario, respecto del que se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley. La acción se agota con su ejercicio, sin que el adversario pueda hace nada para impedirla ni para satisfacerla.

 

La crítica fundamental que se hace a esta teoría es que contempla el fenómeno de la acción exclusivamente desde el punto de vista del actor que tiene razón y que, por lo mismo, puede obtener una sentencia favorable; pero deja sin explicar los casos en que el actor promueve un juicio y obtiene una sentencia del juzgador, aunque en sentido adverso a sus intereses.

 

D.      La acción como derecho abstracto.

 

La teoría que entiende a la acción en sentido abstracto señala que ésta es un derecho que corresponde no sólo a quien efectivamente tiene un derecho subjetivo material, es decir, a quien tiene razón, sino a cualquiera que se dirija al juez para obtener una sentencia sobre su pretensión, sea fundada o infundada. Como tal teoría hace abstracción del fundamento de la acción, estima que ésta no es el derecho a una sentencia favorable, sino simplemente el derecho a obtener una sentencia sobre una pretensión litigiosa.

 

Degenkolb definió la acción como “un derecho subjetivo público que corresponde a cualquiera que de buena fe crea tener razón, para ser oído en juicio y constreñir al adversario a acudir a él”.

 

Couture sostiene que la acción es el derecho a la jurisdicción.  Para éste procesalista, la acción es “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”.  Considera que de la misma manera que todo individuo, en cuanto tal, tiene el derecho de recibir la asistencia del Estado en caso de necesidad, también tiene derecho de acudir a los órganos de la jurisdicción, para pedirles su intervención cuando lo considere procedente.

 

Couture encuentra el fundamento constitucional de la acción en el derecho de petición; para dicho autor, la acción no es sino una especie del derecho de petición.

 

El aspecto más vulnerable de la teoría de la acción como derecho abstracto consiste en que sostiene que el derecho de acción corresponde a cualquier persona que de buena fe crea tener razón (Degenkolb) o, a “todo sujeto de derecho” (Couture).  Si fueran ciertas estas afirmaciones, los órganos jurisdiccionales estarían obligados a actuar frente a acciones promovidas por cualquier persona, sin importar su relación con el litigio; a emplazar al demandado y seguir el juicio en todos sus trámites, hasta terminarlo con una sentencia definitiva.  Esto propiciaría el ejercicio abusivo de la acción y obligaría a los juzgadores a tramitar numerosos procesos sobre demandas notoriamente improcedentes.

 

E.      La síntesis de Liebman.

 

Para Enrico Tullio Liebman, la esencia de la acción se encuentra en la relación que se da en el ordenamiento jurídico entre la iniciativa del actor y el ejercicio, en concreto, de la jurisdicción, es decir, en la necesidad y al eficacia de la invocación del juez para que “proceda”; y pertenece a la esencia del proceso que el juez deba determinar, de acuerdo con las normas que regulan su actividad, el contenido estimatorio o desestimatorio de su sentencia definitiva.

 

Liebman define la acción como “el derecho instrumental por medio del cual se deduce en juicio la afirmación de un derecho, o en general, de una situación jurídica que se desea ver reconocida, tutelada o declarada”.  La acción no es “concreta”, porque el juzgador, al determinar el contenido de su sentencia definitiva, se debe guiar exclusivamente por la convicción que él se haya formado en el curso del proceso en torno a los elementos objetivos, de derecho y de hecho, concernientes al litigio.

 

Sin embargo, la abstracción de la acción no debe ser entendida en el sentido tradicional de que compete ejercerla a cualquier persona y de que tenga un contenido genérico.  Por el contrario, la acción se refiere a un litigio determinado e individualizado, y es el derecho a obtener que el juzgador emita una decisión sobre aquél, formulando (o actuando) la norma jurídica especial que lo regula.

 

La acción está, por ello, condicionada a los siguientes requisitos:

 

a)      El interés de actuar, que es el interés del actor para obtener la resolución demandada.

b)     La legitimación de actuar, que es la pertenencia de la acción a aquel que la propone, frente a la contraparte.

c)      La posibilidad jurídica, que es la admisibilidad en abstracto de la sentencia demandada, según las normas vigentes en el orden jurídico nacional.

 

Estimamos que es correcta la concepción de Liedman, pues la acción, como derecho subjetivo procesal, no puede ser ejercida por cualquier persona, ni sin satisfacer determinadas condiciones mínimas; lo contrario sería imponer a los juzgadores la carga inútil de dar trámite a demandas formuladas por personas sin interés jurídico o de seguir todo un proceso para finalmente dictar una sentencia sobre pretensiones que eran, desde su planteamiento, notoriamente improcedentes.

 

 

3. Concepto de la acción

 

Podemos definir a la acción como el derecho subjetivo procesal que se confiere a las personas para promover un proceso ante el órgano jurisdiccional, obtener una sentencia de éste sobre una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, la ejecución coactiva de la sentencia.

 

Este derecho de promover un juicio o proceso comprende tanto el acto de iniciación del proceso (la acusación o consignación en el derecho procesal penal, o la demanda en las demás disciplinas procesales), los actos que correspondan a la parte actora para probar los hechos y demostrar el fundamento jurídico de su pretensión, así como para impulsar el proceso hasta obtener la sentencia y eventualmente su ejecución.  Este derecho también incluye los actos de impugnación de las actuaciones o las resoluciones adversas a los intereses del actor.

 

 

4. Elementos y condiciones de la acción

 

Las condiciones o requisitos de la acción son:

 

a)      Interés jurídico

 

La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que “siendo el interés un requisito esencial para el ejercicio de la acción, si aquél falta, ésta no puede ejercitarse y el juzgador puede, aun de oficio, abstenerse de estudiarla, por ser de orden público el cumplimiento de los requisitos requeridos (sic) para el ejercicio de la acción”.

 

La SCJN ha entendido al interés para actuar como la necesidad de obtener una resolución judicial que proteja un derecho reconocido a una persona en el ordenamiento jurídico, ante su violación o desconocimiento por parte de otra persona, o bien cuando simplemente exista un estado de incertidumbre que deba ser eliminado mediante la declaración judicial.

 

En consecuencia, el interés jurídico consiste en la relación que debe existir entre la situación de hecho contraria a derecho o el estado de incertidumbre jurídica que afecte a la parte actora y la necesidad de la sentencia demandada, así como en la aptitud de ésta para poner fin a dicha situación o estado.

 

b)     Pretensión

 

Para Carnelutti, la pretensión es “la exigencia de subordinación del interés ajeno al interés propio”. “Es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. En otras palabras, la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica”.

 

Para nosotros la pretensión es la petición (petitum) o reclamación que formula la parte actora o acusadora, ante el juzgador, contra la parte demandada o acusada, en relación con un bien jurídico.

 

Cuando la pretensión se hace valer ante el juzgador, ella es un elemento de la acción, que se expresa precisamente en el primer acto con que ésta se ejerce: la demanda o la acusación (Concretamente, no puede haber acción válidamente ejercitada si con ese ejercicio no se hace valer una pretensión jurídica). En estos actos, la parte actora o la parte acusadora señala su petición o reclamación específicas contra la otra parte. La pretensión, que en este supuesto tiene carácter procesal, va a quedar expresada en estos actos iniciales, pero la acción continuará ejerciéndose hasta que se dicte sentencia y se ejecute.

 

En la demanda o en la acusación la pare actora o parte acusadora no se debe limitar a expresar “lo que pide” de la contraparte (el petitum), sino que debe señalar también el fundamento de su petición (la causa petendi). Este fundamento comprende los hechos y las disposiciones jurídicas que invoca la parte actora o la parte acusadora en apoyo a su pretensión; es decir, tanto la cuestión de hecho como la cuestión de derecho.

 

Los hechos consisten en una relación o situación jurídica sustantiva (la causa remota) y un estado de hecho contrario a esa relación o situación o, al menos, un estado de incertidumbre respecto de la misma (la causa próxima). Por ejemplo, para pedir la rescisión de un contrato, la parte actora afirma, por un lado, que celebró dicho contrato con la parte demandada, especificando su naturaleza y contenido (causa remota); y por otro, sostiene que la demandada ha incurrido en determinado incumplimiento (causa próxima).

 

Para que se admita la demanda es suficiente que en la misma se expresen los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión.  Sin embargo, también se requiere que la pretensión que se expresa en la demanda, independientemente de que sean ciertos o falsos los hechos que se afirmen como fundamento de aquélla, sea susceptible de ser acogida conforme al ordenamiento jurídico vigente. Si la pretensión carece de posibilidad de ser acogida conforme al derecho vigente, no tiene ningún sentido admitir la demanda y seguir todos los trámites del proceso, para que el juzgador finalmente resuelva que, a pesar de que la parte actora probó los hechos en que basó su pretensión, ésta debe desestimarse por no ser posible jurídicamente darle acogida. Por ello esta posibilidad jurídica de la pretensión es una condición para el ejercicio de la acción; si la parte actora no satisface tal condición, el juzgador deberá desechar la demanda. Por ejemplo, los hechos alegados como fundamento de la pretensión de divorcio no constituyen de manera evidente ninguna de las causales de divorcio prevista en la ley; la parte actora alega las constantes intromisiones de la suegra en la vida privada de los cónyuges, la “falta de amor”, etc., estaría invocando hechos que, aun suponiendo que fueran ciertos, no serían motivo legal para que el juzgador decretase el divorcio.

 

Para evitar el trámite de un proceso innecesario, el juzgador debe desechar desde un principio la demanda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el juez debe analizar de oficio las condiciones o requisitos de la acción.

 

En materia penal, en el caso de la acusación (o consignación), tomando en cuenta la trascendencia que puede tener sobre el acusado, el artículo 19 Constitucional exige que no sólo se expresen los fundamentos de hecho de la pretensión punitiva, sino que se prueben el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, donde el juzgador debe dictar un auto de formal prisión o un auto de sujeción a proceso, con los que el proceso continuará su curso. En caso contrario, el juzgador dictará un auto de libertad por falta de elementos para proceder, que impide la continuación del proceso.

 

 

5. Tipos de acciones

 

a) Por el tipo de resolución demandada

 

1.       Acciones meramente declarativas. Las acciones meramente declarativas son aquellas a través de las cuales la parte actora pide al juzgador una sentencia que elimine “la incertidumbre en torno a la existencia, inexistencia o modalidad de una relación jurídica”. Es decir, el actor pretende una resolución de ese tipo, meramente declarativa, sin ningún otro pronunciamiento. Ejemplo: las que pretende una sentencia que declare la nulidad de un contrato o algún otro acto jurídico.

2.       Acciones constitutivas. Son aquellas por medio de las cuales la parte actora demanda del juzgador una sentencia en la que se constituya, modifique o extinga una relación o situación jurídica sustantiva. Ejemplo: las que buscan una resolución que decrete el divorcio (extinción de la relación matrimonial) o una sentencia que declare la rescisión de un contrato por el incumplimiento de la contraparte (extinción de la relación contractual).

3.       Acciones de condena. Son aquellas donde la parte actora solicita al juzgador una sentencia en al que ordene a la contraparte llevar a cabo una conducta determinada. En el proceso civil, la sentencia solicitada puede ordenar a la parte demandada una conducta consistente en un dar (pagar una suma de dinero, entregar un bien o una persona), un hacer (realizar un hecho de carácter personal, firmar una escritura), o un no hacer (no iniciar o no continuar una construcción).  En el proceso penal, la acción normalmente es de condena, y la conducta que la sentencia puede imponer es el cumplimiento de una sanción penal (prisión, multa, tratamiento en libertad, trabajo a favor de la comunidad, etc).

4.       Acciones ejecutivas. Son aquellas a través de las cuales el actor pretende una resolución que ordene la realización coactiva de un derecho reconocido en un título ejecutivo. Tienen como presupuesto indispensable la existencia de un documento al que la ley le otorga el carácter de título ejecutivo, por lo que le reconoce plena fuerza probatoria. Además de este requisito formal, el documento debe contener un crédito líquido (con el importe determinado o determinable con base en el propio documento), cierto (con acreedor y deudor precisados en el mismo documento) y exigible (no sujeto a condición ni plazo pendientes).

5.       Acciones cautelares. Son aquellas por las que la parte actora solicita al juzgador una resolución para que se protejan, de manera provisional y hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva en el proceso de conocimiento (proceso jurisdiccional en sentido estricto), las personas, los bienes o los derechos que serán objeto de este último. La solicitud de la medida cautelar no da lugar a un proceso autónomo, sino a una tramitación conexa dentro del proceso de conocimiento respectivo.

 

Las medidas cautelares surgen de la necesidad de evitar el peligro que puede correr un derecho por el retardo que implica el pronunciamiento de la sentencia definitiva, pero normalmente requieren que quien las solicite acredite, al menos, la apariencia del derecho que se busca proteger. En el proceso penal, la prisión preventiva es una medida cautelar que impide la libertad del inculpado durante el proceso, que sólo es puede decretar si se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

 

b) por el tipo de interés que se busca proteger

 

1.       Acciones particulares. Son aquellas que ejercen las personas para proteger sus intereses jurídicos individuales (propios intereses).

2.       Acciones públicas. Son aquellas que ejercen órganos del Estado, en nombre del orden o de la seguridad pública. Tal es el caso de la acción penal, que en nuestro país ejerce el Ministerio Público.

3.       Acciones colectivas. Son aquellas que se ejercen para proteger los intereses de toda una comunidad de personas.

Tienen dos características:

Transindividuales: Pertenecen a una colectividad, y no a individuos particulares.

Indivisibles: Sólo pueden ser ejercidos a nombre de la colectividad y la solución es la misma para toda la colectividad.

4.       Acciones de grupo. Son las que procuran la protección de aquellos intereses que siendo individuales o particulares tienen, sin embargo, un origen o una causa común. Estos intereses individuales son tratados colectivamente en virtud de su origen común y pueden ser reclamados judicialmente por medio de una acción en grupo, para obtener la reparación de los daños sufridos individualmente por los afectados, que regularmente son consumidores de bienes o servicios producidos en serie. En este caso, cada miembro del grupo es titular de un interés individual, divisible por naturaleza, tanto que cada uno puede presentar su propia demanda a título personal; y sólo se reclaman en grupo por tener un origen o causa común (el mismo defecto en determinado tipo de bienes o servicios, adquiridos o contratados por los consumidores).

 

c) Por el derecho subjetivo material que se pretende hacer valer

 

En este sentido, se habla de acciones civiles, mercantiles, laborales, penales, de amparo, etc.  Ésta no es una clasificación procesal sino sustantiva de las acciones.

 

Dentro de este criterio tradicional se hacen subdivisiones de cada una de estas acciones.

 

Las acciones civiles se clasifican en reales, personales o mixtas, según que el actor pretenda la tutela de un derecho real, personal o que participe de las dos clases.

 

Entre las acciones reales, se encuentran las llamadas acciones reivindicatorias y plenaria de posesión (o publiciana), por medio de las cuales el propietario o el adquirente con justo título y de buena fe puede reclamar la restitución del bien del cual es propietario o adquirente, respectivamente; la acción confesoria, para reclamar la constitución de una servidumbre y la negatoria, para solicitar la declaración de libertad o de reducción de gravámenes.

 

 

6. Excepción

 

La palabra excepción tiene en el derecho procesal varios significados. Podemos destacar dos significados de la palabra excepción:

 

  1. En un sentido amplio, por excepción se entiende el derecho subjetivo procesal que tiene el demandado para contradecir u oponerse a la acción o a la pretensión hechas valer por la parte actora. En este sentido, la excepción se identifica con el derecho de defensa en juicio. Dentro de este significado también se designa a la excepción como derecho de contradicción.

Couture considera que la excepción, en su más amplio significado, “es el poder jurídico de que se halla investido el demandado, que lo habilita para oponerse a la acción promovida por el actor”.

 

  1. Con la expresión excepción también se suelen designar las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la acción o a la pretensión del actor. Dichas cuestiones pueden dirigirse a impugnar la regularidad del proceso mismo (excepciones procesales), o bien a contradecir el fundamento de la pretensión (excepciones sustanciales).

Si el demandado alega que el juzgador que está conociendo del asunto no es competente (excepción de incompetencia); que el supuesto apoderado de la parte actora no acreditó el carácter con que se ostenta (excepción de falta de legitimación procesal o de personalidad); que el litigio planteado por el actor ya es objeto de otro proceso (excepción de litispendencia), estará oponiendo una excepción procesal.  En cambio, si el demandado afirma que ya pagó el adeudo (excepción de pago) o que la obligación ya prescribió (excepción de prescripción), estará haciendo valer una excepción sustancial.

 

 

7. Acción, excepción y derecho a la tutela jurisdiccional

 

De acuerdo con lo que hemos expuesto, la acción y la excepción son dos derechos subjetivos procesales que, si bien se complementan en la dialéctica del proceso, tienen un contenido y un sentido claramente distintos. En ejercicio de la acción, la parte actora o la parte acusadora plantean su pretensión, petición o reclamación.  En ejercicio de la excepción o derecho de defensa en juicio, la parte demandada o la parte acusada oponen cuestiones (excepciones) contrarias al ejercicio de la acción o a la pretensión de la contraparte.  Eventualmente, la parte demandada puede ejercer la acción y formular una pretensión, cuando reconviene o contrademanda a la parte actora.  Pero en este caso específico, la parte demandada asume también el papel de parte actora por lo que se refiere a la reconvención; e igualmente, la parte actora original se convierte en demandada en la reconvención.

 

La acción y la excepción derivan de un derecho genérico que tiene toda persona para acceder a los tribunales, con el fin de plantear una pretensión o defenderse de ella, a través de un proceso justo y razonable, en el que se respeten los derechos que corresponden a las partes.

 

Este derecho genérico se denomina, como diría Couture: el derecho a la jurisdicción. Recientemente en la doctrina española se le ha llamado derecho a la tutela jurisdiccional.

 

Jesús Zamora Pierce define el derecho a la jurisdicción como un “derecho público subjetivo, abstracto, imprescriptible e irrenunciable, del que gozan por igual actor y demandado, que se ejerce ante el Estado para obtener una decisión jurisdiccional y, en su caso, la ejecución coactiva de tal decisión”.

 

En nuestro país, el derecho a la jurisdicción o a la tutela jurisdiccional se encuentra previsto en el segundo párr. del art. 17 de la Constitución, el cual dispone lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

 

De este precepto constitucional derivan tanto el derecho genérico a la tutela jurisdiccional como los derechos específicos de acción y excepción.

 

 

Fuente de origen: Teoría General del Proceso.- José Ovalle Favela.- Sexta edición
Edición: agarcia. México

Por agarcia - Publicado en: Teoría General del Proceso
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