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  • Licenciado en Derecho. Profesor en la Universidad Autonoma del Carmen y Universidad Interamericana para el Desarrollo. Asesor juridico en Derecho Aduanero y Comercio Exterior.

Deontología Jurídica

Tuesday 14 april 2 14 /04 /Abr 00:30

Los honorarios de los abogados (2 de 2)

7.
     
Diversos sistemas en el establecimiento de honorarios

La voluntad de los contratantes puede o no ser ilimitada en cuanto a los efectos que puede producir la fijación de honorarios.

El jurista Fernández Serrano se refiere a la existencia de cuatro sistemas:

A)     Plena libertad de los contratantes. No tiene límite legal en la fijación de los honorarios. Prevalece la autonomía de la voluntad en toda su plenitud. El poder público no interviene ni para el máximo ni para el mínimo.

B)     Tasa del máximo. En este sistema, las partes fijan los honorarios, pero si se incurre en exceso por el profesionista, la autoridad judicial o administrativa estatales intervienen para reducir el monto de los honorarios. Es una tutela para los que han requerido los servicios del profesionista.

C)     Tarifa o arancel. En este sistema, las partes no requieren fijar honorarios, pues en caso de prestación de servicios estarán sujetas al correspondiente arancel. Dentro este sistema, puede preverse el caso de que el arancel sólo tenga el carácter de supletorio frente a la voluntad omisa de los interesados.

D)    Libertad regulada. En caso de que el cliente no acepte los honorarios que le han sido fijados, se somete la fijación al arbitrio judicial. En esta hipótesis también podría darse el caso de honorarios fijados por las partes, pero con sometimiento posterior en caso de inconformidad, al arbitrio judicial.

En México prevalece el sistema de libre contratación entre las partes y sólo en caso de omisión de acuerdo de voluntades tendrá aplicación el arancel. La inexistencia de arancel o de partida aplicable en el arancel, le dará vigencia al artículo 2508 del Código Civil del Estado de Campeche que hemos transcrito y que lleva al sistema de fijación de honorarios mediante la pretensión del profesionista que es sometida al examen de la decisión judicial que es la que se emitirá en definitiva.

El artículo 25 de la Ley para el Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, establece entre los derechos de los profesionistas el de percibir justa remuneración por sus servicios profesionales estipulada de común acuerdo con el cliente. A falta de acuerdo la remuneración se determinará de acuerdo con el arancel de la materia y a falta de éste, conforme a lo establecido por el Código Civil del Estado de Campeche.

En la República Mexicana, es de competencia local regular el contrato de prestación de servicios profesionales, así como establecer o no disposiciones arancelarias. En lo que respecta al Estado de Campeche, se cuenta con la Ley de arancel de licenciados en derecho para el Estado de Campeche, que tiene como finalidad el regular el pago de honorarios y costas de los abogados, en los casos en los que  no se haya celebrado contrato de prestación de servicios profesionales, exista en dicho contrato obscuridad o vicios de consentimiento, o por un tercero que no haya consentido en el arreglo.

También existe el sistema a que se refiere el procesalista venezolano Brice en el que el derecho a cobrar depende del resultado favorable del juicio, siempre y cuando así lo hayan pactado las partes.

  1. Igualas

En relación con la iguala, el procesalista mexicano Manuel de la Peña y Peña, dice:

“En nuestra práctica están recibidas y autorizadas las igualas que algunas corporaciones o personas particulares, que tienen o deben tener algunos pleitos por la multitud y variedad de sus negociaciones e intereses, celebran con los abogados para que sigan dichos pleitos sin cobrarles derechos en cada uno de ellos, sino bajo una cantidad anual y fija que se paga por años, medios años, tercios o meses, según el convenio. El efecto de estas iguales es, que aunque en un año, por ejemplo, no se ofrezca pleito ninguno a la comunidad o persona que la paga, debe hacerlo como si los tuviese; así como aunque tenga muchos en el mismo tiempo y sean muy grandes los honorarios que se causasen por esta razón, el abogado no puede cobrar más… en esta mutua compensación o reciprocidad de ventajas respectivas consiste la fuerza de la iguala.”

El abogado debe ser cuidadoso de que la cantidad mensual fijada tenga el carácter de suficientemente compensatoria del tiempo que se le dedicará a la persona física o moral con la que se haya llegado al acuerdo correspondiente, pues si requiriese la totalidad de su tiempo equivaldría casi a un empleo. Y si le quitase una proporción considerablemente mayor de su tiempo en comparación con la remuneración cubierta, le impediría completar su presupuesto adecuadamente con trabajos adicionales. Por otra parte, también debe tenerse cuidado de que la iguala no establezca situaciones de dependencia económica en escala considerable ni obligaciones de presencia física en un horario determinado, ni deberes adicionales que implicarían una subordinación equivalente aun contrato de trabajo y no a un contrato de prestación de servicios profesionales.

La iguala se parece al sistema de un contrato de trabajo en cuanto a que se paga una cantidad fija. Se distingue en cuanto a que el profesional no se halla en una situación de dependencia económica ni subordinación respecto del cliente que recibe los servicios profesionales.

El jurista español Fernández Serrano hace referencia al sistema de pago de honorarios mediante iguala: “…establecimiento de una cantidad fija a satisfacer periódicamente por el cliente al abogado como prevaloración de todos los servicios profesionales que éste pueda prestar a aquél durante determinado tiempo, bien en todos los asuntos o bien sólo en algunos determinados”.

En el derecho vigente mexicano, el artículo 38 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, se previene expresamente la contratación de igualas, en los siguientes términos:

“los profesionistas podrán prestar sus servicios mediante iguala que fijen libremente con las partes con quienes contraten”.

  1. Los contratos de cuota litis

En este tipo de contratos, el profesionista adquiere una parte de la cosa litigiosa. El procesalista Santiago Sentín Melendo nos proporciona un concepto de la cuota litis, al proponer “…este pacto es el que hace el litigante con otro persona ofreciéndole cierta parte de la cosa litigiosa si se encarga de seguir el pleito y lo gana…”

Existen argumentos en contra de la cuota litis, como la que dice que atenta a la independencia del abogado, quien no debe tener en el pleito otro interés que el puramente profesional, pues así lo exige la índole de su misión; o que pone en peligro su decoro y dignidad al ligarle personalmente con los intereses del litigio, dando ocasión a que se anulen o debiliten los deberes que le impone su función para con la justicia.

Sin embargo, en el Derecho vigente mexicano no encontramos una prohibición expresa del contrato de cuota litis. No obstante, es importante considerar que, en materia de contrato de compraventa, el artículo 2276 del Código Civil para el Distrito Federal, contiene la siguiente prohibición:

Artículo 2276. Los magistrados, los jueces, el ministerio público, los defensores oficiales, los abogados, los procuradores y los peritos, no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes.

 

Si la prohibición únicamente fuera de comprar, habría una limitación reducida, pero a amplitud de la prohibición deriva del hecho de que se prohíbe cesión de derechos sobre bienes. Esto significa que no cabe la cuota litis en cuanto el abogado adquiriese derechos sobre la cosa litigiosa, dado que se prohíbe cesión de derechos en general. En la cuota litis, el cliente cede parte de sus derechos de la cosa litigiosa al abogado que lo patrocina. Como toda cesión está prohibida, debe considerarse que en México está prohibida la cuota litis que significara que el abogado se convirtiera en copropietario de derechos sobre la cosa litigiosa.

Por tanto, aunque no hay una prohibición genérica del contrato de cuota litis, en la legislación del Distrito Federal, en el artículo transcrito, se prohíbe que el abogado adquiera derechos sobre los bienes que son objeto de los juicios.

En consecuencia, el abogado, frente al pobre, podrá fijar como honorarios una cantidad a pagarse al término del juicio, condicionada a un resultado favorable, porque esto no está prohibido, pero no podrá ser cesionario de los derechos que se tengan sobre los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan.

  1. Los honorarios en el Derecho Vigente mexicano

Es necesario consultar la legislación de profesiones y la legislación civil de cada Estado de la República y del Distrito Federal, para tener conocimiento cabal del Derecho vigente mexicano sobre honorarios profesionales.

Comentaremos la legislación vigente en el Distrito Federal que es de aplicación en toda la República, en asuntos del orden federal y la legislación vigente en el Estado de Campeche en asuntos del orden local.

Hemos mencionado que sólo se consideran honorarios los emolumentos que el abogado percibe en el libre ejercicio de su profesión. La Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional (Ley de Profesiones), establece en el artículo 37:

“Los profesionistas que ejerzan su profesión en calidad de asalariados, quedan sujetos por lo que a su contrato se refiere, a los preceptos de la Ley Federal del Trabajo y al Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, en su caso.”

 

Igualmente el artículo 38 de la misma Ley establece:

“Los profesionistas podrán prestar sus servicios mediante iguala que fijen libremente con las partes con quienes contraten.”

 

No se requiere autorización para cada sistema de cobro de honorarios. En materia de actuación de los particulares priva el principio general de que pueden hacer todo lo que no les esté prohibido.

Para estar en condiciones legales de cobrar honorarios no basta tener el título de licenciado en Derecho, sino que, además, es imprescindible tenerlo registrado y poseer la correspondiente cédula profesional. Sobre el particular, la mencionada ley reglamentaria del artículo 5° constitucional, señala:

“ARTICULO 68.- La persona que ejerza alguna profesión que requiera título para su ejercicio, sin la correspondiente cédula o autorización, no tendrá derecho a cobrar honorarios.”

 

Referente al cobro de honorarios de los abogados en el ámbito local, la Ley para Ejercicio Profesional en el Estado de Campeche, establece dentro de los derechos de los profesionistas lo siguiente:

“Artículo 25. Son derechos y obligaciones de los profesionistas:

A) Derechos:

I.- Percibir justa remuneración por sus servicios profesionales estipulada de común acuerdo con el cliente. A falta de acuerdo la remuneración se determinará de acuerdo con el arancel de la materia y a falta de éste, conforme a lo establecido por el Código Civil del Estado de Campeche.”

 

Ahora bien, mencionaremos las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal referente a honorarios, correlativas con el Código Civil del Estado de Campeche.  De los diez preceptos del Código Civil del Distrito Federal que se refieren a la prestación de servicios profesionales, en el capítulo correspondiente a este contrato, siete se refieren a honorarios.

El artículo 2606, dispone:

“El que presta y el que recibe los servicios profesionales pueden fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos.

Cuando se trate de profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo.”

 

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2507.- El que presta y que recibe los servicios profesionales, pueden fijar, de común acuerdo, la retribución debida por ellos.

 

El primer párrafo del precepto, deja a la autonomía de la voluntad de los contratantes la fijación de la retribución por los servicios profesionales.  Por lo tanto, la cuantía, la forma y el lugar de pago está sometido a la libre voluntad de los contratantes.  La voluntad de los contratantes es soberana y no tiene más límite que los establecidos por la ley. En el caso a estudio, la única limitación existente es que el abogado no puede convertirse en cesionario de los derechos que el cliente tenga sobre los bienes objeto del litigio.

El artículo 2607 del Código Civil del Distrito Federal hace referencia a los criterios de cuantificación de los honorarios en caso de omisión de voluntad de abogado y cliente.

“Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.”

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2508.- Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio o a la reputación profesional que tenga adquirida el que los ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.

 

El artículo 2608 del Código Civil para el Distrito Federal, es una disposición clara y terminante en cuanto a que excluye del derecho a cobrar honorarios a los carentes de título profesional, ya que la profesión de abogado requiere título. Textualmente dice:

Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado.”

 

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2509.- Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado.

 

Los artículos 2609 y 2610 se refieren al pago de expensas (gastos) y de honorarios:

“Artículo 2609. En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquéllos se presten. A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente, con el rédito legal, desde el día en que fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella.

Artículo 2610. El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se harán en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe el profesor o haya concluido el negocio o trabajo que se le confió.”

 

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2510.- En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan no hacerse en el negocio en que aquéllos se presten. A falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente, con el rédito legal, desde el día en que fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella.

Art. 2511.- El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicios, sino se ha pactado otra cosa.

 

Respecto al primero de los dos preceptos transcritos, podemos apuntar:

a)      Los gastos que se originen en la prestación de servicios profesionales pueden ser materia de estipulaciones en el contrato que se celebre entre el profesional y el cliente.

b)     Se puede pactar que sean a cargo del profesional o a cargo del cliente. Lo usual es que sean a cargo del cliente pero, cuando éste carece de capacidad económica, el abogado puede asumir esa carga que podrá compensarse con un resultado favorable del procedimiento contencioso que llegase a plantear.

c)      Ante la falta de emisión de voluntad de las partes, el cliente deberá pagar los gastos hechos por el profesional, con el interés legal, calculado éste desde la fecha en que los gastos fueron realizados.

En cuanto al segundo de los preceptos transcritos, conviene precisar:

a)      El lugar de pago de expensas y honorarios es el de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales. Esto no quiere decir que ese sea el lugar donde se pueden reclamar judicialmente los honorarios y gastos realizados, puesto que la regla normal de competencia es la del domicilio del demandado.

b)     El momento en que se hace exigible el pago de los honorarios, es de inmediato, a partir de a prestación del servicio, pero disyuntivamente también, a partir del fin de todos los servicios, cuando se separe el profesional, o haya concluido el negocio o trabajo que se le confió.

El artículo 2611 del Código Civil previene el caso en que sean varias personas las que encomienden un negocio al profesionista. En esta hipótesis, todas ellas son solidariamente responsables de los honorarios del profesionista y de los anticipos hechos.

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2512.- Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios del profesor y de los anticipos que hubiere hecho.

 

El artículo 2612 del Código Civil considera el supuesto de que, quienes presten el servicio sean varios profesionistas, en tal caso, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno.

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2513.- Cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno.

 

El resultado de los negocios contenciosos es aleatorio. El profesionista conserva el derecho de cobrar, aunque el resultado haya sido lamentablemente desfavorable a su cliente. Así lo establece el artículo 2613 del Código Civil, al señalar:

“Los profesionistas tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario.”

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2414.- Los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario.

 

En algunas ocasiones el profesionista puede verse impedido a continuar la prestación de sus servicios. Esta situación está regulada por el artículo 2614 del Código Civil, que textualmente dispone:

“Siempre que un profesionista no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con oportunidad. Respecto de los abogados se observará, además, lo dispuesto en el artículo 2589.”

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2515.- Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con oportunidad. Respecto de los abogados se observará además lo dispuesto en el artículo 2488.

Art. 2488.- El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes, no puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie al primero.

 

Por su parte, el artículo 2589, dentro del capítulo del Código Civil, referente al mandato judicial, determina:

“El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el primero.”

 

Las razones que toma en cuenta el precepto son obvias.  El conocimiento de la postura de una de las partes le daría una gran ventaja a la contraria, si posteriormente la patrocinara a ella.

El artículo 2615 del Código Civil, finca una responsabilidad por culpa y por dolo, a cargo del profesional.  Éste debe ser, además de honesto, sumamente cuidadoso para no perjudicar el negocio por su impericia o negligencia.

“El que preste servicios profesionales, sólo es responsable, hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito.”

Código Civil del Estado de Campeche

Art. 2516.- El que preste servicios profesionales, hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito.

 

La negligencia es la falta de esmero en la atención de los asuntos, aunque el abogado esté debidamente capacitado. Es producto de la apatía, del descuido, del abandono, de la desidia, de la desorganización, de la ligereza, de la inactividad. Ello engendrará responsabilidad que puede reclamarse al abogado con base en éste último precepto.

La impericia es la incapacidad del abogado. El abogado no debe asumir responsabilidad más allá de sus conocimientos teóricos o prácticos adquiridos, pues una desafortunada intervención no sólo es de funestas consecuencias para su patrocinado sino para él mismo, que adquirirá responsabilidad si los negativos efectos producidos en detrimento de su cliente obedecen a su impericia.

 

Bibliografía

Manual del abogado.- Carlos Arellano García.- Ed. Porrúa.- 9ª Edición. 2008

www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_14a.htm

Código Civil del Estado de Campeche.

Ley de Arancel de Licenciados en Derecho para el Estado de Campeche

 

MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON PERSONA MORAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA (Escriba el nombre de la empresa o negocio) A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA EMPRESA" DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL C. (Escriba el Nombre del Representante), EN SU CARÁCTER DE (Representante o Apoderado Legal), Y POR LA OTRA, EL LICENCIADO C. (Escriba el nombre del profesionista), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL PROFESIONISTA", CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA EMPRESA":

a) Ser una sociedad legalmente constituida y válidamente existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo demuestra con la escritura de su acta constitutiva número ______ (Con letras) (Escriba el número de folio del documento) de fecha _________ (Fecha de otorgamiento), otorgada ante la fe del Notario Público No. _____ (Con letras) (Indique el número), en ejercicio en el Estado de ______________ (Indique la ciudad en que se expidió el documento), el licenciado ____________ (Escriba el nombre del Notario).

b) Tener capacidad legal para obligar a su representada en los términos y condiciones del presente contrato, como lo demuestra con _______________________, la cual no le ha sido modificada, ni revocada en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

c) Que para la consecución de sus fines, además de sus programas y presupuestos aprobados, realiza otra serie de actividades concretas, mediante la celebración de acuerdos, convenios o contratos con los sectores público, social y privado.

d) Dedicarse principalmente a: ________________ (Señale el objeto social de la empresa).

e) Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio social el ubicado en: _________________________________________________.

f) Que requiere para la realización de su objeto social de los servicios de
"EL PROFESIONISTA" para llevar a cabo las acciones materia de este contrato, consistentes en _____________________________________________________.

II. DECLARA "EL PROFESIONISTA":

a) Que ostenta título de Licenciado en Derecho, con número de cédula profesional ________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, el día _______________, documentos de los cuales exhibe originales y deja fotocopias.

b) Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este Contrato.

c) Que es de nacionalidad mexicana y que para efectos de este contrato señala como domicilio en donde ofrece sus servicios al público en general en forma autónoma e independiente, atendiendo a las personas que lo solicitan, el ubicado en Calle _________________________________________________________.

d) Que se encuentra debidamente registrado como causante en el Registro Federal de Contribuyentes, con el número ___________________, y para acreditarlo exhibe cédula y aviso de alta como causante.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. "EL PROFESIONISTA" se obliga a prestar a "LA EMPRESA" sus servicios profesionales con el objeto de realizar las actividades consistentes en:

________________________

________________________

________________________

SEGUNDA. "EL PROFESIONISTA" se obliga a desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de "LA EMPRESA", aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

TERCERA. "EL PROFESIONISTA" se obliga a informar a "LA EMPRESA" del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del Contrato, y a no ceder los derechos y obligaciones derivados del mismo, sin consentimiento expreso de "LA EMPRESA".

CUARTA. El presente contrato tendrá una vigencia de ____ año, contados a partir del día __________________________ (Escriba con letra la fecha de iniciación del contrato) al día ____________________ (Indique la fecha de terminación).

QUINTA. "EL PROFESIONISTA” recibirá por concepto de honorarios, la suma de $ _________ (_____________)(Escriba la cantidad con letras), distribuidos en percepciones mensuales de $___________ (________) (Escriba la cantidad con letras). La suma anotada es “cotización neta” y se entiende que incluye los impuestos y retenciones correspondientes.

SEXTA. "EL PROFESIONISTA" conviene en que las remuneraciones que perciba por la realización de los servicios materia de este Contrato, serán las únicas por los conceptos contratados; salvo que en su caso se utilicen servicios diversos u opcionales a los contratados.

SÉPTIMA. "LA EMPRESA" se obliga a pagar los honorarios de "EL PROFESIONISTA" dentro de los cinco días de recibido en el domicilio de “LA EMPRESA” el recibo de honorarios del “PROFESIONISTA”, a través de cheque girado a nombre de “EL PROFESIONISTA” o mediante transferencia bancaria a la cuenta de “EL PROFESIONISTA” en una institución financiera designada por él mismo; los recibos o comprobantes respectivos, deberán reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia.

OCTAVA. Los pagos destinados a “EL PROFESIONISTA” no podrán girarse en efectivo ni en instrumentos al portador, y ningún pago en virtud del presente Contrato podrá efectuarse a nombre de persona o entidad alguna que no sea “EL PROFESIONISTA” o cualquier mandante, funcionario o empleado del mismo.

NOVENA. "EL PROFESIONISTA" acepta y conviene que en el caso de omitir el aviso y la declaración para los efectos fiscales a que se refiere la cláusula séptima, faculta a "LA EMPRESA" para que le retenga los pagos a su favor, hasta en tanto se cumplan tales omisiones fiscales a su cargo como causante, en los términos de las leyes aplicables.

DÉCIMA. Concluido el término del presente Contrato, no podrá haber prórroga automática por el simple transcurso del tiempo, y terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes.

DÉCIMA PRIMERA. Para el caso de que "LA EMPRESA" tuviera necesidad de contar nuevamente con los servicios de "EL PROFESIONISTA", se requerirá la celebración de un nuevo contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. Queda expresamente convenido que cuando "EL PROFESIONISTA" utilice ayudantes o personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo entre "LA EMPRESA" y el mismo, siendo por tanto a cargo de "EL PROFESIONISTA", todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que le auxilie, y que no sea puesto a su disposición por "LA EMPRESA".

DÉCIMA TERCERA. Toda especificación, información o datos técnicos o comerciales, escritos o de otra índole, de propiedad o controlados por “LA EMPRESA”, suministrada a “EL PROFESIONISTA” o adquirida por éste en virtud del presente Contrato seguirá siendo propiedad de “LA EMPRESA”.  Las copias de dicha información, sea en forma escrita u otro medio tangible, se devolverán a “LA EMPRESA” cuando así lo solicite. “EL PROFESIONISTA” conservará dicha información con carácter confidencial, la cual se utilizará únicamente para cumplir con el presente Contrato y no podrá destinarse a otros fines, salvo de conformidad con los términos que convengan por escrito “LA EMPRESA y “EL PROFESIONISTA”.

DÉCIMA CUARTA. El presente Contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, previo aviso que dé al otro con 30 días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, "LA EMPRESA" tenga oportunidad de designar quien sustituya a "EL PROFESIONISTA".

DÉCIMA QUINTA. Queda expresamente convenido que por falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanen del Código Civil vigente para el Estado de _________, como consustanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión el presente Contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

DÉCIMA SEXTA. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de ___________, del Estado de _________, así como a las disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para el Estado de ________, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído el presente Contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo firman por duplicado, en la ciudad de _______, Estado de _______, a los ____ días del mes de ________ del año dos mil _____.

________________________________               __________________________________

[Nombre del Representante]

[Nombre del profesionista]

"LA EMPRESA"

"EL PROFESIONISTA"

 

Por agarcia - Publicado en: Deontología Jurídica
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Tuesday 14 april 2 14 /04 /Abr 00:15

LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS

TEMA 6 (1 de 2)

 

  1. Breve referencia histórica
  2. Significado gramatical
  3. Denominación
  4. Concepto de honorarios
  5. Justificación de honorarios
  6. Cuantía de los honorarios
  7. Diversos sistemas en el establecimiento de honorarios
  8. Iguala
  9. Los contratos de cuota litis
  10. Los honorarios en el Derecho vigente mexicano

 

  1. Breve referencia histórica

 

El ilustre jurista venezolano Ángel Francisco Brice, nos refiere que “fue Pericles el primer abogado profesional en la Grecia antigua, pues antes la abogacía podía ser ejercida por cualquiera que tuviera dotes oratorias.  En los primeros tiempos la profesión en Grecia era gratuita: se cuenta que Antisoases (sic) fue quien por primera vez cobró por defender a sus clientes”.   Puso precio a sus servicios y comenzó a cobrar en efectivo a sus clientes a cambio de prestarles asistencia. Lógicamente, esta costumbre se extendió a todos los oradores griegos y, desde entonces, ha sido práctica habitual lo de cobrar por defender.

El mismo procesalista, agrega: “En los primeros tiempos la profesión no era remunerada en Roma; lo fue posteriormente, y es conocido el caso de Cicerón, quien recibió de Publio Syla, por defenderlo de una acusación, un millón de sestercios por el respecto de honorarios. Augusto prohibió a los abogados recibir honorarios en vista del cobro desmedido de ellos, bajo pena de devolver el cuádruplo. Claudio dispuso que los honorarios no debían de pasar de 10,000 sestercios.  A Constantino se le debe la prohibición del pacto de quota litis.

El procesalista mexicano Eduardo Pallares, haciendo también referencia a Roma, alude a los honorarios, pero, no los relativos al ejercicio profesional de la abogacía en el foro, sino a la contraprestación de elevado rango que recibían los jurisconsultos que impartían enseñanza jurídica, indicando:

“El jurisconsulto vivía de los honorarios que le pagaban sus discípulos y según Pomponio, Ixbeón pasaba seis meses en el campo consagrado al estudio del Derecho y a escribir libros, y seis en la ciudad a impartir sus enseñanzas.

“El honor de que entonces disfrutaban los maestros era muy grande, lo bastante para que Ulpiano les negara acción judicial encaminada a obtener el pago de sus servicios.  La negativa se fundaba en que la ‘ciencia civil es cosa muy santa que no debe ser estimada ni deshonrada con el dinero, y que hay cosas que pueden honradamente aceptarse, pero no exigirse’”.

  1. Significado gramatical

 

El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española determina que honorarios es el “Estipendio o sueldo que se da a alguien por su trabajo en algún arte liberal”.

Conforme a este significado gramatical, cuando el abogado percibe una remuneración por su trabajo que no se ejerce en forma liberal, ya no es honorario. En este aspecto, si pensamos en el abogado como empleado particular, su vinculación jurídica será la de un contrato de trabajo y lo que recibe no es un honorario, sino un sueldo.  De la misma manera, si hacemos referencia a un abogado, como funcionario o empleado público, vinculado por una relación de servicio civil con el Estado, la remuneración que se le entrega también será un sueldo y no un honorario.

La expresión honorario está íntimamente vinculada al vocablo “honor”.  La alta investidura del profesionista que desempeña sus tareas en forma liberal, por sus conocimientos  está dotado de una elevada dignidad u honor.  En consecuencia, al profesionista liberal, cuando se le cubren honorarios, se le confiere el honor de retribuirlo, no como una contraprestación o compensación por sus servicios, sino como un reconocimiento por sus tareas de inusitada elevación jerárquica. En su significación propia, honorario es lo que sirve para honrar.

El llamarle honorarios a la compensación material valiosa que le otorga al profesionista liberal, quien recibe los servicios de él, equivale a destacar la alta dignidad del profesionista y lo invaluable de sus servicios.

Liberal significa, en una de sus acepciones, “partidario de la libertad”.  Ello representa que el abogado que actúa liberalmente es el que no está sujeto a la subordinación que implica bien un empleo particular, o el desempeño de una función pública como empleado o funcionario público.  Por otra parte, se entiende por artes liberales, “las que exigen sobre todo la intervención de la inteligencia”.

La inteligencia es motivo de reconocimiento.  Quien ejerce la abogacía se ha preparado en una labor intelectual, para desempañar una actuación de la misma índole y, por ello, cuando se le cubren sus servicios se le “honra”, o sea, se le reconoce su alta dignidad o elevada investidura profesional, mediante el pago de un honorario que no es una contraprestación desde el punto de vista de su denominación “honorario”, sino sólo una manera de reconocimiento, pues debe suponerse que los servicios intelectuales son invaluables pecuniariamente.

  1. Denominación

 

El ilustre jurista mexicano don Manuel de la Peña y Peña alude a la denominación: “…Se le da la de honorarios, desde los romanos la llamó el jurisconsulto Ulpiano y esto es, porque el honorario se da al patrono en gracia y honor de un trabajo tan noble y liberal como el que impende y que por esto no puede tener de suyo un precio exacto y seguro. Las mismas leyes, calificando desde luego la gran dificultad de poner tasa a esta clase de trabajos se reduzcan solamente a fijar ciertas reglas generales sobre los honorarios del abogado…”

Del pensamiento del practicista Peña y Peña, se puede observar que se puede denominar honorarios al pago pecuniario de servicios profesionales prestados liberalmente. Cuando el profesionista se vincula en un contrato de trabajo o en una relación de función pública, su tarea ya no la desempeña en forma liberal, por lo que la contraprestación que recibe por sus servicios está regulada por la legislación laboral o por la legislación administrativa, según que sus servicios los preste a los particulares o a la autoridad estatal, respectivamente.

En consecuencia, la retribución debida al profesional de la abogacía, sólo podrá denominarse “honorarios”, cuando se presten los servicios en libre ejercicio de la profesión y no cuando se dependa de un patrón particular o del nombramiento en un cargo público.

  1. Concepto de honorarios

 

Por honorarios entendemos la contraprestación en dinero o especie que el cliente cubre al abogado a cambio de los servicios profesionales que ha recibido o recibirá, con motivo del ejercicio liberal de la profesión.

Procederemos a explicar los elementos del concepto propuesto:

a)      Hablamos de contraprestación, ya que la razón de su existencia es que, el sujeto que paga, lo hace porque ya ha recibido o recibirá un servicio de carácter intelectual.

b)     Mencionamos “dinero o especie” porque los honorarios no necesariamente deben recibirse en moneda sino que puede ocurrir que los honorarios se cubran a través de valores patrimoniales diferentes. Por supuesto, que la recepción de otra clase de bienes diversos al dinero, dependerá que lo permita el legislador, y quizá también depende de la postura que se adopte en relación con el contrato de quota litis.

c)      Aludimos al “cliente”. En la prestación de servicios profesionales, intervienen dos sujetos. El individuo que presta sus servicios y quien los recibe. El receptor de esos servicios es el cliente. Así le denominamos a este sujeto porque esa es la denominación usual en la época actual para quien comparece ante el profesionista a requerir sus servicios.

d)     En la definición incluimos como prestación que se cubre, la consistente en los “servicios profesionales”.  Esto significa que sólo puede llamarse honorarios a lo que se paga a cambio de servicios profesionales. Si el abogado le ha prestado otros servicios al cliente, que no son profesionales, por ejemplo, le ha puesto en contacto con personas que le han sido de mucha utilidad, la cantidad que le pague no serán honorarios. No es el sujeto que recibe los honorarios lo que caracteriza a éstos, sino el tipo de servicio recibido, que, en el caso es un servicio profesional.

e)      Decimos que esos servicios los ha recibido o los recibirá. Ello quiere decir que, el cliente se ha beneficiado o se beneficiará con una recepción de servicios, que es receptor de servicios actualmente o a un futuro inmediato. Se ha incluido el futuro con el vocablo “recibirá”, pues los honorarios se pueden cubrir anticipadamente, lo que es frecuente, por lo menos parcialmente. Sin embargo, cuando no se presten los servicios, se deberá devolver el anticipo recibido.

f)       Por último, incluimos en el concepto la frase “con motivo del ejercicio liberal de la profesión” porque si el ejercicio de la profesión no es libre por estar subordinado el profesionista a un contrato de trabajo o a una relación de la función pública, lo que recibirá será un sueldo o salario.

  1. Justificación de los honorarios

 

El procesalista español Santiago Sentí Melendo reproduce algunos conceptos de Antonio Visco, quien acerca de la justificación de los honorarios señala:

“…el pobre abogado no vive solamente de humo de incienso y de satisfacciones morales… un abogado al cual el cliente expresa su gratitud por una causa ganada, diciéndole: “no sé, verdaderamente, de qué manera agradecerle y manifestarle mi reconocimiento”, respondió tranquilamente: “existe un modo muy sencillo, desde que los fenicios inventaron la moneda”.

En esta expresión, encontramos como justificaciones de los honorarios:

a)      El abogado requiere para vivir, de los honorarios.

b)     Los honorarios son una forma de expresión de la gratitud de un cliente beneficiado.

Enunciaremos algunas justificaciones o fundamentos para el cobro de honorarios:

I.        El abogado, en condiciones normas de vida, es un jefe de familia que requiere de medios patrimoniales para subsistir él y para sostener a los miembros de su familia que dependen de él. Si su actividad parcial o total se apoya en el ejercicio liberal de su profesión, es del todo equitativo que se remuneren sus servicios, pues, de otra manera, no podría continuar en el ejercicio profesional. Más aún, tiene la obligación legal, social y moral de pagar alimentos y no podría cumplir con sus obligaciones si careciera de su medio de vida.

II.      El abogado, está ubicado social y culturalmente en un medio de elevada consideración, por tanto, su profesión le presiona a proveerse de los recursos necesarios para alternar con sentimiento de igualdad, en un nivel, no de lujo, ni de ostentación, que tampoco es debido, sino en un grado de decoro mínimo que le exige su posición de intelectual.

III.   Una profesión requiere de una preparación larga y, a veces también costosa para la familia de la que ha dependido el hoy profesional; se ha invertido un tiempo y un trabajo reiterado. Ello tiene un valor y ese valor se retribuye a través del pago de los honorarios.

IV.    El cliente se sirve de la actividad profesional del abogado, si no retribuyese los servicios habría un enriquecimiento ilegítimo. Su patrimonio se beneficiaría con los servicios personales del profesional y no habría compensación onerosa si no cubriera honorarios.

V.      El cobro de unos honorarios por un servicio profesional prestado, proporciona el profesional de la abogacía una tranquilidad económica que lo aleja de preocupaciones y zozobras, que pudieran distraerlo de la profunda concentración que ha menester para el desempeño de una profesión plagada de dificultades técnicas y científicas, cuando no, de pequeñeces prácticas muy molestas, y de apasionadas tentaciones humanas.

VI.    El profesionista que hiciera un apostolado de su profesión y que adoptara frente a la vida una exagerada postura franciscana de desprendimiento, sería visto con desconfianza por los usuarios presuntos de sus servicios, pues lo considerarían un fracasado o un incapaz para la lucha por la vida. Cómo va el abogado a luchar por los demás, si parece que no puede luchar por sí mismo y por los suyos.

VII. El cliente, siempre que tiene el talento y la sencillez para reconocer el mérito auténtico, si posee la holgura económica adecuada, se complace en retribuir los para él inapreciables e invaluables servicios que le han restaurado su libertad, su patrimonio, o, en general, los derechos que tienen para él tanta significación como por ejemplo, su reinstalación en su trabajo.

  1. Cuantía de los honorarios

 

Un problema práctico que amerita meditación es el referente a la determinación de la cuantía de los honorarios.  Saber cobrar los servicios profesionales es un arte de difícil dominio, pues se puede incurrir en exceso o defecto. Suele producirse el fenómeno de que un buen abogado sepa trabajar y no sepa cobrar, así como el mal abogado no sepa trabajar y sepa cobrar.

El ilustre jurista mexicano don Manuel de la Peña y Peña se encarga de formular interesantes recomendaciones en materia de cuantificación de honorarios:

“Debe el abogado cuidar sobremanera de evitar por su parte toda ocasión de reclamos, disgustos y habladurías de los litigantes, obrando en todo con la mayor honradez y exactitud, y no exigiéndoles sino lo muy justo en remuneración de sus servicios.”

Nos proporciona, brevemente algunos puntos de referencia, a manera de reglas de fijación de los honorarios:

1.       La calidad de la persona que paga el honorario o hace la remuneración.

2.       La de la persona que la recibe.

3.       La de la causa que se versa.

4.       La del interés que media.

5.       La del trabajo que se invierte, y

6.       La del resultado final.

Estos parámetros son valederos para que el profesionista norme su criterio en la fijación de sus honorarios.

A efecto de evitar problemas con los clientes, Peña y Peña sugiere:

“… concierten sus honorarios con los clientes al principio y no después de comenzados, estos conciertos no se observan en la práctica, sino que los abogados van sucesivamente cobrando sus honorarios según también van sucesivamente haciendo su trabajo”. Sobre la práctica de cobrar honorarios escalonados a la evolución del asunto, manifiesta este autor que “está práctica es más segura, prudente y decorosa”.

La posibilidad de exceso o defecto  en el cobro de honorarios está prevista en la Enciclopedia Jurídica Omeba y se indica que debe tratar de evitarse a toda costa por resultar comprometida por la estimación demasiada alta que por la desproporcionadamente baja.

En la misma obra, se proporcionan criterios que pueden servir para cuantificar los honorarios:

a)      Por instancias

b)     Por pruebas

c)      Por actuaciones de trámite

d)     Por incidentes

e)      Por trabajos fuera del expediente

f)       Por importancia de los trabajos

g)      Por cuantía de los asuntos

h)     Por el éxito

i)       Por la dificultad que presenten

j)       Por la experiencia y especialidad del abogado

k)     Por la fortuna o situación económica del cliente

l)       Por las costumbres del lugar

m)   Por el tiempo que haya sido necesario dedicar

n)     Por la responsabilidad que entrañe el asunto.

 

El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal y el Código Civil del Estado de Campeche, al regular el contrato de prestación de servicios profesionales, previenen la manera de cuantificar los honorarios, en el supuesto de que haya sido omisa la voluntad de los contratantes y, de esa regulación también se obtienen criterios orientadores para la determinación del monto de los honorarios:

Distrito Federal

Art. 2607.- Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.

 

Estado de Campeche

Art. 2508.- Cuando no hubiere habido convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio o a la reputación profesional que tenga adquirida el que los ha prestado. Si los servicios prestados estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.

 

Aun con los criterios orientadores, resalta espontánea la dificultad de una fijación de honorarios cuando no ha habido acuerdo entre las partes, de un contrato de prestación de servicios profesionales.

En consecuencia, juzgamos pertinente puntualizar algunos aspectos relativos a la cuantificación de loa honorario:

A)     Lo más recomendable es el acuerdo expreso de voluntades entre cliente y abogado al convenir sobre la prestación de servicios que se han de otorgar.

B)     El acuerdo al que se llegue debe constar por escrito. En asuntos muy cuantiosos, podría elevarse el convenio de honorarios a escritura pública.

C)     En el convenio de honorarios, es ventajoso incluir los cobros de instancias ulteriores, incluyendo el amparo que pueda llegarse a promover.

D)    De ser posible, es conveniente que se pacte el cobro escalonado, o sea, los honorarios se gradúen o se dividan en pagos por etapas realizadas del procedimiento de que se trate.

E)     La indeterminación de los honorarios, además de que coloca a cliente y abogado en una situación de inseguridad jurídica, es fácil fuente de controversia entre ambas partes contratantes de los servicios profesionales.

F)     Un problema de cuantificación de honorarios entre cliente y abogado, deteriorará las relaciones entre las dos partes, y ese deterioro se hará extensivo a otros asuntos que del mismo cliente lleve el abogado.

G)     Por supuesto que, es esencial la capacidad pecuniaria del cliente. Los honorarios deberán ser proporcionales a esa capacidad. Si el cliente carece de recursos para cubrir los honorarios, habrá un punto de partida falso en su fijación.  En esta hipótesis el abogado de antemano sabrá que si acepta un patrocinio en tales condiciones, habrá problema de obtención de honorarios.

H)    En el aspecto eminentemente práctico, no es desechable la idea de que el abogado, para facilitar el cobro de los honorarios, obtuviera pagarés o letras de cambio por las cantidades pactadas. Por supuesto que, esto en los casos en que esas cantidades sean pagaderas a días fijados de antemano.

I)       Respecto de clientes de medianos recursos, con ingreso fijos, se puede establecer el cobro de honorarios en pagos parciales, acordes a los ingresos del cliente.

J)       Por lo que hace a las características personales de quien preste el servicio profesional pueden tomarse en cuenta varios elementos, a saber:

a)      Tiempo de ejercer la profesión

b)     Estudios de postgrado realizados

c)      Obras y artículos publicados

d)     Trabajos docentes o académicos

e)      Experiencia en la práctica jurídica

f)       Experiencia en la rama del Derecho en la que preste el servicio

g)      Reconocimiento de su personalidad en el medio forense.

K)     En lo que se refiere a la cuantía del asunto, respecto de asuntos patrimoniales, estimables en dinero, se estima que, se facilita la cuantificación de los honorarios con el señalamiento de un porcentaje que será variable, según el tiempo que haya de dedicársela al asunto, según las dificultades técnicas que presente y según la duración del asunto.

L)     Es posible pactar en el contrato de prestación de servicios profesionales, prestaciones adicionales para el supuesto de que el buen éxito corone los esfuerzos del abogado.

M)   Otro elemento también digno de tomarse en consideración en la fijación de los horarios, es la mayor o menor responsabilidad contraída por el abogado al aceptar el patrocinio de un caso determinado.

N)    En el contrato de honorarios pueden establecerse previsiones respecto al destino de las costas a cargo de la parte contraria.  Puede pactarse una participación del abogado en tales costas.

O)    Lo normal y adecuado es que los gastos de juicio corran por cuenta del cliente, pero es conveniente que se precise ese deber de cubrirlos, anticipada o posteriormente, por quien recibe el servicio profesional.

P)     Es factible que en el contrato de prestación de servicios profesionales se haga una remisión en cuanto a los honorarios al arancel. En esta hipótesis debe revisarse previamente el arancel correspondiente, dado que deja sin una determinación actual y señala la posibilidad de una determinación posterior entre un mínimo y un máximo.

Q)    Puede preverse en el contrato de prestación de servicios profesionales, la fijación de honorarios en relación con incidentes y juicios adicionales que puedan presentarse, por ejemplo, una tercería o un incidente de nulidad de actuaciones.

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Por agarcia - Publicado en: Deontología Jurídica
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Sunday 22 march 7 22 /03 /Mar 01:57

DEBERES DEL ABOGADO

TEMA 5

 

Con el presente se pretende explicar las normas que en concreto deben regular la conducta del abogado que no quiere ver su nombre mezclado con los apelativos “incompetente”, “chicanero”, “tranza” y otros más nada agradables.

De estas normas, unas forman parte de algunos artículos de nuestras leyes y su obligatoriedad es incuestionable; otras son deducciones que se desprenden de los principios éticos ya vistos en temas anteriores.

Los deberes profesionales que a continuación se señalan, no son independientes al deber general que es el de respeto a la dignidad de la persona. De ahí que de los valores universales se llegue al deber en concreto, esto es, de lo general a lo particular.

 

SECRETO PROFESIONAL

Cualquier persona que haya obtenido un título universitario tiene la obligación de guardar el secreto profesional, según establece el artículo 36 de la Ley de Profesiones; por consiguiente, la mayoría de la gente considera que los abogados son depositarios de confianza y discreción, ya que por las características propias de la disciplina que ejercen, casi siempre reciben información confidencial relacionada con problemas muy particulares o delicados de sus clientes.

Ahora bien, para que un abogado se encuentre en condiciones de ofrecer una adecuada asesoría o bien de redactar una demanda, antes que nada necesita escuchar a su cliente, quien le confía el mínimo detalle respecto del caso correspondiente, pormenores cuyo conocimiento por parte de personas ajenas al mismo podría dañar la honra de aquél, su reputación o su patrimonio, o la de quienes estuviesen involucrados en el problema.  El abogado, por su lado, estará consciente de ello antes, durante y aun terminado su intervención, además de que tanto socios, pasantes, colaboradores y empleados de su despacho deben guardar una conducta similar.

Sin embargo existen excepciones. Se puede presentar el caso que un cliente confiese a su abogado el haber cometido un delito. ¿Cuál será la actitud del abogado? ¿Denunciarlo o buscar la manera de encubrirlo? ¿Cuándo no existe la obligación de guardar esos secretos? La respuesta es clara: cuando se trata de prevenir actos delictuosos o proteger a personas en peligro.

Al respecto, el artículo 12 del Código de Ética Profesional de la Barra de Abogados, estipula:

      Extinción de la obligación de guardar el secreto. El abogado que sea objeto de un ataque grave e injustificado de su cliente, estará dispensado de la obligación de guardar el secreto profesional y podrá revelar lo indispensable para su defensa. Cuando un cliente comunicase a su abogado la intención de cometer un delito, tal confidencia no quedará amparada por el secreto profesional y el abogado deberá hacer las revelaciones necesarias para prevenir un acto delictuoso o proteger a personas en peligro.

El secreto profesional contempla dos aspectos:

a)      La necesidad del cliente de manifestar a su representante legal ciertas confidencias con objeto de que los problemas del primero lleguen a resolverse, las cuales exterioriza para que su abogado cuente con la información suficiente a efecto de emitir un diagnóstico apropiado.

b)     La certeza de que el profesional del derecho no revelará esas confidencias menos en los casos de excepción.

Así lo señala la Ley de Profesiones:

Art. 36.- Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas.

 

Por otro lado el Código Penal para el Distrito Federal, dispone:

Art. 213. Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa.

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico o tecnológico, la prisión se aumentará en una mitad y se le suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio.

Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e inhabilitación de seis meses a tres años.

Según se desprende del artículo 213, estamos en presencia de un delito y no de un simple comportamiento, pues en la conducta manifestada hay un “perjuicio de alguien”; en otras palabras: si no hay perjuicio no existe tampoco delito que perseguir.

En cuántas ocasiones la indiscreción de un profesional provoca dramas familiares y sociales. Por eso la importancia de saber guardar las confidencias de los clientes, de no divulgarlas ni entre amistades ni a miembros de la propia familia del abogado.

Este deber también aplica a jueces, notarios, Ministerios Públicos, secretarios de juzgados y a todos aquellos quienes en virtud de su función conozcan alguna confidencia o sepan de hechos y circunstancias que obligan a guardar su secreto.

 

HONORARIOS ADECUADOS

Cuando un abogado celebra un contrato de prestación de servicios, por lo regular es él quien establece la cuantía de sus honorarios.  En otros casos se aplica el arancel de costas regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (arts. 126 a 148).

Sin embargo, para que un abogado fije sus honorarios en forma equitativa y apropiada, es necesario que considere además del trabajo realizado y la responsabilidad que el mismo implique, diversos factores como los siguientes (art. 35 del Código de Ética Profesional de la Barra de Abogados):

a)      La cuantía e importancia del asunto.

b)     La novedad o dificultad del contenido jurídico que se ha debatido.

c)      La capacidad económica del cliente, la experiencia, reputación y especialidad del abogado.

d)     La costumbre del lugar.

e)      Si los servicios que presta dicho profesional son aislados o constantes.

f)       El tiempo empleado en el patrocinio.

g)      El grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto, así como el del éxito alcanzado y su trascendencia.

h)     Si únicamente patrocinó al cliente o si también lo sirvió como mandatario; y

i)       La posibilidad de resultar impedido de intervenir en otros casos o de desavenirse con otros clientes o con terceros.

Por otro lado, y toda vez que la abogacía ha significado un servicio que pretende el beneficio de la comunidad, se considera que el abogado tiene la obligación de ayudar y defender a los más necesitados cobrándoles tarifas simbólicas, y hasta en ocasiones trabajar para ellos sin recibir retribución alguna.

Se denomina honorario, a la retribución del profesional, a diferencia del jornal, sueldo o salario que es la paga al obrero o al empleado.

Contrato de quota-litis

Para el cobro de honorarios, muchas veces el litigante se ve precisado a aceptar del cliente un cierto porcentaje del interés que genere el negocio de que se trate. Es lícito este tipo de convenios siempre y cuando se refiera a cantidades líquidas y la proporción del abogado sea menor que aquella que corresponda a su cliente.

Existe ilegalidad en el cobro de honorarios cuando el cliente, al no contar con dinero suficiente para cubrir los emolumentos de su representante, quiera hacerlo en especie, por ejemplo con uno de los inmuebles objeto de un juicio.

Al respecto, en el Código Civil se asienta:

Art. 2280. No pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados:

I. Los tutores y curadores;

II. Los mandatarios;

III. Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado;

IV. Los interventores nombrados por el testador o por los herederos;

V. Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia;

VI. Los empleados públicos

 

Art. 2324. No pueden rematar por sí, ni por interpósita persona, el Juez, Secretario y demás empleados del juzgado; el ejecutado, sus procuradores, abogados y fiadores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a la sucesión o a los incapacitados, respectivamente; ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto del remate.

Sobre el tema, me permito agregar algunas tesis y jurisprudencias

Localización: Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- II, Septiembre de 1995.- Página: 561.- Tesis: XI.2o.14 C.- Tesis Aislada.- Materia(s): Civil

HONORARIOS. SU MONTO DEBE SUJETARSE A LO CONVENIDO POR LAS PARTES Y SOLO A FALTA DE CONVENIO DEBE ESTARSE A LA LEY DEL ARANCEL DE ABOGADOS. Si se celebra un contrato de servicios profesionales en el que se pacta determinado porcentaje del valor real del inmueble materia de un juicio, por concepto de honorarios, debe estarse a dicho convenio para cuantificar el monto de dichos honorarios y no a lo dispuesto en la Ley del Arancel del Abogado, habida cuenta que los artículos 1o. y 2o. de este ordenamiento, claramente determinan que los honorarios de los abogados serán fijados preferentemente por convenio de los interesados, y que sólo a falta de convenio se estará a lo dispuesto en el arancel.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 398/95. Martha Eugenia Rojas Ortiz, por sí y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de María Chichitz Becerra viuda de Rojas. 17 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Díaz Ponce de León. Secretaria: Elsa Hernández Villegas.

 

Localización: .- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXVII, Mayo de 2008.- Página: 1047.- Tesis: XIX.1o.A.C.46 C.- Tesis Aislada.- Materia(s): Civil

HONORARIOS. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ES INSUFICIENTE PARA REGULARLOS, CUANDO SE TRATA DE LA CONDENA EN COSTAS. En términos de los artículos 1082 y 1083 del Código de Comercio, las partes son responsables de las costas que se originan en el juicio, y si alguna de ellas es condenada a su pago en sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, ésta debe indemnizar a la otra, de todas las que hubiere pagado su contraria. De lo anterior se desprende que la condena en costas constituye una sanción a una de las partes, que implica resarcir a su contraparte del daño sufrido en su patrimonio, al haber realizado erogaciones con motivo del juicio; condena que incluye los honorarios del abogado que asistió a quien obtuvo condena a su favor, siempre que sea titulado y cuando él mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro, lo que equivale al costo del servicio prestado. Ahora bien, aun cuando los honorarios como parte integrante de las costas, deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales, no puede soslayarse la naturaleza de sanción procesal que constituye dicha condena, por lo que se deberá determinar el costo del servicio prestado en el juicio, a través del incidente de liquidación correspondiente. En ese tenor, el contrato celebrado entre la parte que obtuvo, con su abogado que lo asistió, que se acompaña al incidente, no es suficiente para regular el monto de las costas en esa etapa, ya que sólo vincula a los contratantes que en él intervinieron, por lo que sus cláusulas no pueden obligar de manera alguna a quien se condenó a su pago, pues no participó en su celebración. Por ende, a fin de que se pueda determinar y regular en cantidad líquida dicha condena, deberá presentarse la planilla a que se refieren los artículos 1085 y 1086 del Código de Comercio, de la que se dará vista a la contraparte, a fin de que exprese lo que a su derecho convenga; máxime que en la planilla deberán desglosarse las actuaciones que se realizaron para obtener fallo favorable, excluyéndose las inútiles y superfluas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 18/2008. Rafaela Vargas Lara. 20 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretaria: Leticia Razo Osejo.

 

LEALTAD HACIA EL CLIENTE

La lealtad está basada en los valores de justicia, verdad y honradez

Es obvio que quien contrata los servicios de un abogado necesita sentir que éste le será fiel desde el principio, que no lo va a abandonar o traicionar, y que siempre utilizará toda su imaginación, creatividad e inteligencia para contrarrestar los argumentos del litigante opositor.

El artículo 2589 del Código Civil para el Distrito Federal señala:

Art. 2589. El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el primero.

 

Las sanciones a conductas tan impropias de un profesional se hallan tipificadas en el artículo 319 del Código Penal para el Distrito Federal.

Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a quien:

II. Asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o acepte el patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria en un mismo negocio;

 

Por otro lado, el Código Civil antes citado, al referirse a las obligaciones de los profesores sujetos a un contrato de prestación de servicios profesionales, estipula que éstos no deben abandonar a sus clientes:

Art. 2614. Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con oportunidad

 

Por su parte el Código Penal citado sanciona este proceder de la siguiente manera:

Art. 319. Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a quien:

I. Abandone una defensa o un negocio, sin motivo justificado y en perjuicio de quien patrocina;

V. Como defensor de un inculpado, se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional a que se refiere la fracción I del apartado a) del artículo 20 Constitucional, sin promover mas pruebas ni diligencias tendientes a la defensa adecuada del inculpado;

 

Asimismo, el segundo párrafo de la fracción VI del artículo transcrito señala:

 

Si el responsable de los delitos previstos en este artículo es un defensor particular, se le impondrá, además, suspensión de seis meses a cuatro años en el ejercicio de la profesión. Si es defensor de oficio, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.

 

VII. Como representante de la víctima o el ofendido, se concrete a aceptar el cargo sin realizar gestiones, trámites o promociones relativas a su representación.

 

Ahora bien, hay que recordar que en materia de mandato judicial, éste no termina con la muerte del mandante. Así lo dispone el artículo 2600 del Código Civil:

Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entretanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio.

 

La lealtad hacia el cliente también implica la sinceridad.  El abogado debe buscar el beneficio de su cliente y no así el propio, esa actitud es de lealtad.  Para llevarla a cabo, no debe entusiasmar o asustar al cliente, sino explicarle en forma veraz cuál es su situación y la posibilidad de éxito.  En ocasiones los abogados en lugar de buscar la concordancia o el entendimiento, mantienen siempre la egresión y la discordia, provocando que los asuntos se alarguen y así cobrar más honorarios.

 

ABSTENCIÓN DEL USO DE RECURSOS IMPROCEDENTES

En el capítulo quinto del título vigésimo primero del Código Penal para el Distrito Federal, quedan descritos y sancionados los “Delitos de abogados, patronos y litigantes”, destacando, entre otros, el conocido como “chicana” o simulación, esto es, aquella forma de actuar que va en contra del deber de lealtad, de la verdad, de la justicia y de la seguridad jurídica.

Los abogados son profesionales que dominan el manejo técnico de los procedimientos judiciales, los cuales representan los instrumentos necesarios para probar razonamientos y convencer a un juez sobre determinado asunto. Sin embargo, valerse de esos recursos procesales sólo con el deseo de entorpecer, dilatar o distorsionar la verdad en los litigios, es una conducta tipificada como delictuosa, la cual se encuentra descrita en el artículo 319 que en lo conducente dice:

Art. 319. Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a quien:

III. A sabiendas, alegue hechos falsos o se apoye en leyes inexistentes o derogadas;

IV. Promueva cualquier incidente, recurso o medio de impugnación notoriamente improcedente, que entorpezca el juicio o motive su dilación.

 

El “chicanero” entorpece la verdad, hace lentos los juicios y propicia la injusticia y la seguridad jurídica.

Contrario al fomento de los litigios, actualmente se procura conciliar a las contrapartes a través de la mediación, el arbitraje y la transacción. De esta manera, por medio de un convenio o contrato de transacción, se evitan litigios que la mayoría de las veces resultan largos, desgastantes y costosos.

Por otro lado, cuando se patrocinan causas injustas para demostrar lo que no existe o para lograr la absolución del culpable, normalmente se hace uso de pruebas inexistentes o recursos improcedentes, situación que desde cualquier punto de vista es inmoral.

 

ABSTENCIÓN DE LA PRÁCTICA DEL SOBORNO

El Diccionario de la Lengua Española señala que la palabra soborno significa “Corromper a uno con dádivas para conseguir de él una cosa”. La primera y más trascendente finalidad del derecho es la impartición de justicia, es decir, buscar que cada quien reciba lo que le corresponde, que exista coincidencia y congruencia entre la verdad de hecho y la verdad jurídica.  Por tanto, el profesional que practica la abogacía debe procurar no únicamente ser justo, sino propiciar que los jueces también lo sean, de ahí la imperiosa necesidad de que los jueces, al emitir sus sentencias, den ejemplo de imparcialidad y rechacen siempre situaciones o elementos que fomenten el cohecho y el tráfico de influencias.

El cohecho o soborno puede ser activo si es promovido por el servidor y pasivo si el que lo promueve es el litigante o su cliente.

El artículo 272 del Código Penal para el Distrito Federal establece:

Art. 272. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones, se le impondrán las siguientes sanciones:

I. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de treinta a trescientos días multa; o

II. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve años de prisión y de trescientos a ochocientos días multa.

 

El obligatorio enfatizar la trascendencia que para los magistrados que se encargan de impartir justicia deben conceder al elemento primordial de ésta: la imparcialidad, la cual constituye una actitud ética que busca en todo momento, y bajo cualquier circunstancia, no sacrificar la equidad a consideraciones de tipo personal, ya sea por parentesco, amistad o presiones de índole política o económica.

Al respecto se hace referencia a los siguientes consejos de don Quijote a Sancho Panza:

Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos.

Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia, que las informaciones del rico.

Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre.

Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con la de la misericordia.

Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria, y ponlas en la verdad del caso.

En los abogados servidores públicos, tales como ministros, magistrados y jueces; procuradores y ministerios públicos, es importante el deber de la imparcialidad, pues en virtud de sus cargos, es fácil que la parte poderosa con regalos o prevendas económicas (soborno) quiera sacar beneficios.

 

AMPLIAR Y ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS

El verdadero profesional, además de estudiar en las universidades, vive la necesidad y siente la obligación de ampliar sus conocimientos y actualizarlos.

El estudio constante, el aprendizaje diario y comprometido, así como la actualización cotidiana, representan factores importantes y necesarios del primer principio deontológico de todo profesional.

Por estas razones, es conveniente fomentar en los alumnos que inician sus estudios de derecho, la necesidad de que formen su biblioteca, con sus libros de texto y consulta, revistas de actualización, códigos, leyes y jurisprudencia. También podemos mencionar los discos que contienen jurisprudencia, leyes, Diarios Oficiales.

En materia jurídica los cambios de leyes son constantes, especialmente en materia fiscal. De no actualizarse, el abogado podría aplicar leyes derogadas.

El profesional que no se actualice debe responder de los daños y perjuicios que haya producido por impericia, negligencia o dolo (art. 2615 CCDF).

Por su parte, el Código Penal del DF, cuando regula los “Delitos de abogados, patronos y litigantes”, establece en la fracción VI del artículo 319:

VI. Como defensor de un inculpado, no ofrezca ni desahogue pruebas fundamentales para la defensa dentro de los plazos previstos por la ley, teniendo la posibilidad de hacerlo.

Si el responsable de los delitos previstos en este artículo es un defensor particular, se le impondrá, además, suspensión de seis meses a cuatro años en el ejercicio de la profesión. Si es defensor de oficio, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.

 

Quisiera insistir manifestando que la función de la universidad es enseñar a aprender. A partir de que se concluyen los estudios de la carrera, es necesario continuar estudiando en forma autodidacta y participar en diplomados, especialidades, maestrías, doctorados y demás.

 

 

Así mismo, el maestro José Campillo Sáinz, en su libro “Dignidad del Abogado”, plasma algunos de los deberes del abogado contenidos en el Código de Ética Profesional de la Barra de Abogados, y que me permito mencionar como complementarios de los antes señalados.

 

SERVIDOR DEL DERECHO Y COADYUVANTE DE LA JUSTICIA

El abogado es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia y que la esencia de su deber profesional es defender diligentemente y con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente.

El abogado debe luchas por la justicia; es un deber luchar por el derecho y pugnar por la justicia y la moral.

El abogado deber saber que cuando se vulnera el derecho de uno solo, se agravia y pone en peligro el derecho de todos.

 

HONOR Y DIGNIDAD PROFESIONAL

Se nos impone mantener el honor y la dignidad profesionales y combatir por todos los medios lícitos la conducta reprobable de jueces, funcionarios públicos y compañeros de profesión.

El honor y la dignidad del abogado están ligados con su independencia:

-Frente al cliente

-Frente al magistrado o funcionarios

-Frente a amenazas o coacciones

Independencia es señal de una conciencia recta, y puede resumirse diciendo que es el sentimiento del deber.

 

PROBIDAD Y BUENA FE

El abogado debe obrar con probidad y buena fe.

El que abusa de su impunidad, inventa o desnaturaliza los hechos, trunca o falsifica documentos, invoca mistificando la doctrina o el derecho es sólo, un mercader de palabras, de mentiras y de injurias.

El abogado debe saber derecho, pero principalmente debe ser un hombre recto.

“La rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero, es ser bueno, luego, ser firme, después ser prudente, la ilustración viene en cuarto lugar y la pericia en el último.”      (Ossorio y Gallardo)

 

INFLUENCIAS SOBRE EL JUZGADOR

Es deber del abogado de no tratar de ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vínculos políticos o de amistad, usando recomendaciones o recurriendo a otro medio que no sea el de convencer con razonamientos.

A los tribunales debe entrarse con espíritu puro y confiar en que sobre cualquier influencia o recomendación, el mejor medio para lograr el éxito es sencilla, oscura y modestamente tener razón.          (Calamandrei)

 

Por lo que toca al funcionario público (art. 221 Penal) se regula como delito el tráfico de influencias que se comete por el servidor público cuando por sí o por interpósita persona, promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios ajenos a su empleo, así como cuando promueva cualquier resolución a la realización de cualquier acto que produzca beneficios económicos para sí, o para su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado o para personas con las que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa.

 

LIBERTAD PARA ACEPTAR O RECHAZAR ASUNTOS

El abogado tiene la libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio sin necesidad de expresar el motivo de su resolución. No debe aceptar un asunto en que haya de sustentar tesis contrarias a sus convicciones o cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma de plantearlo o desenvolverlo.

Los abogados que reciban una iguala, que presten sus servicios en virtud de un contrato de trabajo y para los funcionarios públicos, se establece que estarán obligados, en principio, a aceptar los asuntos que se les encomienden; pero deberán excusarse de atender un caso concreto cuando sea contrario a sus convicciones.

 

OBLIGACION DE DEFENDER A INDIGENTES

El abogado está obligado a defender  gratuitamente a los indigentes cuando así lo soliciten y cuando recaiga nombramiento de oficio.

Ligado a esta obligación se encuentra el derecho que el abogado tiene para hacerse cargo de la defensa de un acusado, cualquiera que sea su opinión personal y habiéndola aceptado, debe emplear en ella todos los medios lícitos por el mejor resultado de su gestión.

 

DEBERES ENTRE LOS ABOGADOS

Entre los abogados debe haber fraternidad y respeto recíproco, sin que influya en ellos la animadversión de las partes; deben ser caballerosos con sus colegas y facilitarles la solución de inconvenientes momentáneos cuando por causas que no les sean imputables, como ausencia, duelo o enfermedad o fuerza mayor, estén imposibilitados para prestar sus servicios.

El abogado no ha de entrar en relaciones con la contraparte, sino por conducto de su abogado y sólo con la intervención de éste debe celebrar convenios o transacciones.

El abogado no debe interpretar como falta de confianza del cliente que le proponga al intervención de otro letrado en el asunto que le ha encomendado; pero podrá rechazar la colaboración propuesta cuando tenga motivo para hacerlo, sin necesidad de expresar éste. Si el primer abogado objetara la colaboración, el segundo se abstendrá de intervenir; pero si el primero se desligara del asunto, podrá aceptarlo el segundo.

Por agarcia - Publicado en: Deontología Jurídica
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