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  • Licenciado en Derecho. Profesor en la Universidad Autonoma del Carmen y Universidad Interamericana para el Desarrollo. Asesor juridico en Derecho Aduanero y Comercio Exterior.
Sunday 22 march 7 22 /03 /Mar 01:57

DEBERES DEL ABOGADO

TEMA 5

 

Con el presente se pretende explicar las normas que en concreto deben regular la conducta del abogado que no quiere ver su nombre mezclado con los apelativos “incompetente”, “chicanero”, “tranza” y otros más nada agradables.

De estas normas, unas forman parte de algunos artículos de nuestras leyes y su obligatoriedad es incuestionable; otras son deducciones que se desprenden de los principios éticos ya vistos en temas anteriores.

Los deberes profesionales que a continuación se señalan, no son independientes al deber general que es el de respeto a la dignidad de la persona. De ahí que de los valores universales se llegue al deber en concreto, esto es, de lo general a lo particular.

 

SECRETO PROFESIONAL

Cualquier persona que haya obtenido un título universitario tiene la obligación de guardar el secreto profesional, según establece el artículo 36 de la Ley de Profesiones; por consiguiente, la mayoría de la gente considera que los abogados son depositarios de confianza y discreción, ya que por las características propias de la disciplina que ejercen, casi siempre reciben información confidencial relacionada con problemas muy particulares o delicados de sus clientes.

Ahora bien, para que un abogado se encuentre en condiciones de ofrecer una adecuada asesoría o bien de redactar una demanda, antes que nada necesita escuchar a su cliente, quien le confía el mínimo detalle respecto del caso correspondiente, pormenores cuyo conocimiento por parte de personas ajenas al mismo podría dañar la honra de aquél, su reputación o su patrimonio, o la de quienes estuviesen involucrados en el problema.  El abogado, por su lado, estará consciente de ello antes, durante y aun terminado su intervención, además de que tanto socios, pasantes, colaboradores y empleados de su despacho deben guardar una conducta similar.

Sin embargo existen excepciones. Se puede presentar el caso que un cliente confiese a su abogado el haber cometido un delito. ¿Cuál será la actitud del abogado? ¿Denunciarlo o buscar la manera de encubrirlo? ¿Cuándo no existe la obligación de guardar esos secretos? La respuesta es clara: cuando se trata de prevenir actos delictuosos o proteger a personas en peligro.

Al respecto, el artículo 12 del Código de Ética Profesional de la Barra de Abogados, estipula:

      Extinción de la obligación de guardar el secreto. El abogado que sea objeto de un ataque grave e injustificado de su cliente, estará dispensado de la obligación de guardar el secreto profesional y podrá revelar lo indispensable para su defensa. Cuando un cliente comunicase a su abogado la intención de cometer un delito, tal confidencia no quedará amparada por el secreto profesional y el abogado deberá hacer las revelaciones necesarias para prevenir un acto delictuoso o proteger a personas en peligro.

El secreto profesional contempla dos aspectos:

a)      La necesidad del cliente de manifestar a su representante legal ciertas confidencias con objeto de que los problemas del primero lleguen a resolverse, las cuales exterioriza para que su abogado cuente con la información suficiente a efecto de emitir un diagnóstico apropiado.

b)     La certeza de que el profesional del derecho no revelará esas confidencias menos en los casos de excepción.

Así lo señala la Ley de Profesiones:

Art. 36.- Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que obligatoriamente establezcan las leyes respectivas.

 

Por otro lado el Código Penal para el Distrito Federal, dispone:

Art. 213. Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa.

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico o tecnológico, la prisión se aumentará en una mitad y se le suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio.

Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e inhabilitación de seis meses a tres años.

Según se desprende del artículo 213, estamos en presencia de un delito y no de un simple comportamiento, pues en la conducta manifestada hay un “perjuicio de alguien”; en otras palabras: si no hay perjuicio no existe tampoco delito que perseguir.

En cuántas ocasiones la indiscreción de un profesional provoca dramas familiares y sociales. Por eso la importancia de saber guardar las confidencias de los clientes, de no divulgarlas ni entre amistades ni a miembros de la propia familia del abogado.

Este deber también aplica a jueces, notarios, Ministerios Públicos, secretarios de juzgados y a todos aquellos quienes en virtud de su función conozcan alguna confidencia o sepan de hechos y circunstancias que obligan a guardar su secreto.

 

HONORARIOS ADECUADOS

Cuando un abogado celebra un contrato de prestación de servicios, por lo regular es él quien establece la cuantía de sus honorarios.  En otros casos se aplica el arancel de costas regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (arts. 126 a 148).

Sin embargo, para que un abogado fije sus honorarios en forma equitativa y apropiada, es necesario que considere además del trabajo realizado y la responsabilidad que el mismo implique, diversos factores como los siguientes (art. 35 del Código de Ética Profesional de la Barra de Abogados):

a)      La cuantía e importancia del asunto.

b)     La novedad o dificultad del contenido jurídico que se ha debatido.

c)      La capacidad económica del cliente, la experiencia, reputación y especialidad del abogado.

d)     La costumbre del lugar.

e)      Si los servicios que presta dicho profesional son aislados o constantes.

f)       El tiempo empleado en el patrocinio.

g)      El grado de participación en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto, así como el del éxito alcanzado y su trascendencia.

h)     Si únicamente patrocinó al cliente o si también lo sirvió como mandatario; y

i)       La posibilidad de resultar impedido de intervenir en otros casos o de desavenirse con otros clientes o con terceros.

Por otro lado, y toda vez que la abogacía ha significado un servicio que pretende el beneficio de la comunidad, se considera que el abogado tiene la obligación de ayudar y defender a los más necesitados cobrándoles tarifas simbólicas, y hasta en ocasiones trabajar para ellos sin recibir retribución alguna.

Se denomina honorario, a la retribución del profesional, a diferencia del jornal, sueldo o salario que es la paga al obrero o al empleado.

Contrato de quota-litis

Para el cobro de honorarios, muchas veces el litigante se ve precisado a aceptar del cliente un cierto porcentaje del interés que genere el negocio de que se trate. Es lícito este tipo de convenios siempre y cuando se refiera a cantidades líquidas y la proporción del abogado sea menor que aquella que corresponda a su cliente.

Existe ilegalidad en el cobro de honorarios cuando el cliente, al no contar con dinero suficiente para cubrir los emolumentos de su representante, quiera hacerlo en especie, por ejemplo con uno de los inmuebles objeto de un juicio.

Al respecto, en el Código Civil se asienta:

Art. 2280. No pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados:

I. Los tutores y curadores;

II. Los mandatarios;

III. Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado;

IV. Los interventores nombrados por el testador o por los herederos;

V. Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia;

VI. Los empleados públicos

 

Art. 2324. No pueden rematar por sí, ni por interpósita persona, el Juez, Secretario y demás empleados del juzgado; el ejecutado, sus procuradores, abogados y fiadores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a la sucesión o a los incapacitados, respectivamente; ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto del remate.

Sobre el tema, me permito agregar algunas tesis y jurisprudencias

Localización: Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- II, Septiembre de 1995.- Página: 561.- Tesis: XI.2o.14 C.- Tesis Aislada.- Materia(s): Civil

HONORARIOS. SU MONTO DEBE SUJETARSE A LO CONVENIDO POR LAS PARTES Y SOLO A FALTA DE CONVENIO DEBE ESTARSE A LA LEY DEL ARANCEL DE ABOGADOS. Si se celebra un contrato de servicios profesionales en el que se pacta determinado porcentaje del valor real del inmueble materia de un juicio, por concepto de honorarios, debe estarse a dicho convenio para cuantificar el monto de dichos honorarios y no a lo dispuesto en la Ley del Arancel del Abogado, habida cuenta que los artículos 1o. y 2o. de este ordenamiento, claramente determinan que los honorarios de los abogados serán fijados preferentemente por convenio de los interesados, y que sólo a falta de convenio se estará a lo dispuesto en el arancel.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 398/95. Martha Eugenia Rojas Ortiz, por sí y en cuanto albacea de la sucesión testamentaria a bienes de María Chichitz Becerra viuda de Rojas. 17 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Díaz Ponce de León. Secretaria: Elsa Hernández Villegas.

 

Localización: .- Novena Época.- Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- XXVII, Mayo de 2008.- Página: 1047.- Tesis: XIX.1o.A.C.46 C.- Tesis Aislada.- Materia(s): Civil

HONORARIOS. EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ES INSUFICIENTE PARA REGULARLOS, CUANDO SE TRATA DE LA CONDENA EN COSTAS. En términos de los artículos 1082 y 1083 del Código de Comercio, las partes son responsables de las costas que se originan en el juicio, y si alguna de ellas es condenada a su pago en sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, ésta debe indemnizar a la otra, de todas las que hubiere pagado su contraria. De lo anterior se desprende que la condena en costas constituye una sanción a una de las partes, que implica resarcir a su contraparte del daño sufrido en su patrimonio, al haber realizado erogaciones con motivo del juicio; condena que incluye los honorarios del abogado que asistió a quien obtuvo condena a su favor, siempre que sea titulado y cuando él mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro, lo que equivale al costo del servicio prestado. Ahora bien, aun cuando los honorarios como parte integrante de las costas, deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales, no puede soslayarse la naturaleza de sanción procesal que constituye dicha condena, por lo que se deberá determinar el costo del servicio prestado en el juicio, a través del incidente de liquidación correspondiente. En ese tenor, el contrato celebrado entre la parte que obtuvo, con su abogado que lo asistió, que se acompaña al incidente, no es suficiente para regular el monto de las costas en esa etapa, ya que sólo vincula a los contratantes que en él intervinieron, por lo que sus cláusulas no pueden obligar de manera alguna a quien se condenó a su pago, pues no participó en su celebración. Por ende, a fin de que se pueda determinar y regular en cantidad líquida dicha condena, deberá presentarse la planilla a que se refieren los artículos 1085 y 1086 del Código de Comercio, de la que se dará vista a la contraparte, a fin de que exprese lo que a su derecho convenga; máxime que en la planilla deberán desglosarse las actuaciones que se realizaron para obtener fallo favorable, excluyéndose las inútiles y superfluas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Amparo en revisión 18/2008. Rafaela Vargas Lara. 20 de febrero de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretaria: Leticia Razo Osejo.

 

LEALTAD HACIA EL CLIENTE

La lealtad está basada en los valores de justicia, verdad y honradez

Es obvio que quien contrata los servicios de un abogado necesita sentir que éste le será fiel desde el principio, que no lo va a abandonar o traicionar, y que siempre utilizará toda su imaginación, creatividad e inteligencia para contrarrestar los argumentos del litigante opositor.

El artículo 2589 del Código Civil para el Distrito Federal señala:

Art. 2589. El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie el primero.

 

Las sanciones a conductas tan impropias de un profesional se hallan tipificadas en el artículo 319 del Código Penal para el Distrito Federal.

Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a quien:

II. Asista o ayude a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o acepte el patrocinio de alguno y admita después el de la parte contraria en un mismo negocio;

 

Por otro lado, el Código Civil antes citado, al referirse a las obligaciones de los profesores sujetos a un contrato de prestación de servicios profesionales, estipula que éstos no deben abandonar a sus clientes:

Art. 2614. Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con oportunidad

 

Por su parte el Código Penal citado sanciona este proceder de la siguiente manera:

Art. 319. Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a quien:

I. Abandone una defensa o un negocio, sin motivo justificado y en perjuicio de quien patrocina;

V. Como defensor de un inculpado, se concrete a aceptar el cargo y a solicitar la libertad caucional a que se refiere la fracción I del apartado a) del artículo 20 Constitucional, sin promover mas pruebas ni diligencias tendientes a la defensa adecuada del inculpado;

 

Asimismo, el segundo párrafo de la fracción VI del artículo transcrito señala:

 

Si el responsable de los delitos previstos en este artículo es un defensor particular, se le impondrá, además, suspensión de seis meses a cuatro años en el ejercicio de la profesión. Si es defensor de oficio, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.

 

VII. Como representante de la víctima o el ofendido, se concrete a aceptar el cargo sin realizar gestiones, trámites o promociones relativas a su representación.

 

Ahora bien, hay que recordar que en materia de mandato judicial, éste no termina con la muerte del mandante. Así lo dispone el artículo 2600 del Código Civil:

Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entretanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio.

 

La lealtad hacia el cliente también implica la sinceridad.  El abogado debe buscar el beneficio de su cliente y no así el propio, esa actitud es de lealtad.  Para llevarla a cabo, no debe entusiasmar o asustar al cliente, sino explicarle en forma veraz cuál es su situación y la posibilidad de éxito.  En ocasiones los abogados en lugar de buscar la concordancia o el entendimiento, mantienen siempre la egresión y la discordia, provocando que los asuntos se alarguen y así cobrar más honorarios.

 

ABSTENCIÓN DEL USO DE RECURSOS IMPROCEDENTES

En el capítulo quinto del título vigésimo primero del Código Penal para el Distrito Federal, quedan descritos y sancionados los “Delitos de abogados, patronos y litigantes”, destacando, entre otros, el conocido como “chicana” o simulación, esto es, aquella forma de actuar que va en contra del deber de lealtad, de la verdad, de la justicia y de la seguridad jurídica.

Los abogados son profesionales que dominan el manejo técnico de los procedimientos judiciales, los cuales representan los instrumentos necesarios para probar razonamientos y convencer a un juez sobre determinado asunto. Sin embargo, valerse de esos recursos procesales sólo con el deseo de entorpecer, dilatar o distorsionar la verdad en los litigios, es una conducta tipificada como delictuosa, la cual se encuentra descrita en el artículo 319 que en lo conducente dice:

Art. 319. Se impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, de cincuenta a trescientos días multa y suspensión para ejercer la abogacía, por un término igual al de la pena impuesta, a quien:

III. A sabiendas, alegue hechos falsos o se apoye en leyes inexistentes o derogadas;

IV. Promueva cualquier incidente, recurso o medio de impugnación notoriamente improcedente, que entorpezca el juicio o motive su dilación.

 

El “chicanero” entorpece la verdad, hace lentos los juicios y propicia la injusticia y la seguridad jurídica.

Contrario al fomento de los litigios, actualmente se procura conciliar a las contrapartes a través de la mediación, el arbitraje y la transacción. De esta manera, por medio de un convenio o contrato de transacción, se evitan litigios que la mayoría de las veces resultan largos, desgastantes y costosos.

Por otro lado, cuando se patrocinan causas injustas para demostrar lo que no existe o para lograr la absolución del culpable, normalmente se hace uso de pruebas inexistentes o recursos improcedentes, situación que desde cualquier punto de vista es inmoral.

 

ABSTENCIÓN DE LA PRÁCTICA DEL SOBORNO

El Diccionario de la Lengua Española señala que la palabra soborno significa “Corromper a uno con dádivas para conseguir de él una cosa”. La primera y más trascendente finalidad del derecho es la impartición de justicia, es decir, buscar que cada quien reciba lo que le corresponde, que exista coincidencia y congruencia entre la verdad de hecho y la verdad jurídica.  Por tanto, el profesional que practica la abogacía debe procurar no únicamente ser justo, sino propiciar que los jueces también lo sean, de ahí la imperiosa necesidad de que los jueces, al emitir sus sentencias, den ejemplo de imparcialidad y rechacen siempre situaciones o elementos que fomenten el cohecho y el tráfico de influencias.

El cohecho o soborno puede ser activo si es promovido por el servidor y pasivo si el que lo promueve es el litigante o su cliente.

El artículo 272 del Código Penal para el Distrito Federal establece:

Art. 272. Al servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funciones, se le impondrán las siguientes sanciones:

I. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de uno a cuatro años de prisión y de treinta a trescientos días multa; o

II. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a nueve años de prisión y de trescientos a ochocientos días multa.

 

El obligatorio enfatizar la trascendencia que para los magistrados que se encargan de impartir justicia deben conceder al elemento primordial de ésta: la imparcialidad, la cual constituye una actitud ética que busca en todo momento, y bajo cualquier circunstancia, no sacrificar la equidad a consideraciones de tipo personal, ya sea por parentesco, amistad o presiones de índole política o económica.

Al respecto se hace referencia a los siguientes consejos de don Quijote a Sancho Panza:

Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos.

Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia, que las informaciones del rico.

Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre.

Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo.

Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con la de la misericordia.

Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria, y ponlas en la verdad del caso.

En los abogados servidores públicos, tales como ministros, magistrados y jueces; procuradores y ministerios públicos, es importante el deber de la imparcialidad, pues en virtud de sus cargos, es fácil que la parte poderosa con regalos o prevendas económicas (soborno) quiera sacar beneficios.

 

AMPLIAR Y ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS

El verdadero profesional, además de estudiar en las universidades, vive la necesidad y siente la obligación de ampliar sus conocimientos y actualizarlos.

El estudio constante, el aprendizaje diario y comprometido, así como la actualización cotidiana, representan factores importantes y necesarios del primer principio deontológico de todo profesional.

Por estas razones, es conveniente fomentar en los alumnos que inician sus estudios de derecho, la necesidad de que formen su biblioteca, con sus libros de texto y consulta, revistas de actualización, códigos, leyes y jurisprudencia. También podemos mencionar los discos que contienen jurisprudencia, leyes, Diarios Oficiales.

En materia jurídica los cambios de leyes son constantes, especialmente en materia fiscal. De no actualizarse, el abogado podría aplicar leyes derogadas.

El profesional que no se actualice debe responder de los daños y perjuicios que haya producido por impericia, negligencia o dolo (art. 2615 CCDF).

Por su parte, el Código Penal del DF, cuando regula los “Delitos de abogados, patronos y litigantes”, establece en la fracción VI del artículo 319:

VI. Como defensor de un inculpado, no ofrezca ni desahogue pruebas fundamentales para la defensa dentro de los plazos previstos por la ley, teniendo la posibilidad de hacerlo.

Si el responsable de los delitos previstos en este artículo es un defensor particular, se le impondrá, además, suspensión de seis meses a cuatro años en el ejercicio de la profesión. Si es defensor de oficio, se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de seis meses a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.

 

Quisiera insistir manifestando que la función de la universidad es enseñar a aprender. A partir de que se concluyen los estudios de la carrera, es necesario continuar estudiando en forma autodidacta y participar en diplomados, especialidades, maestrías, doctorados y demás.

 

 

Así mismo, el maestro José Campillo Sáinz, en su libro “Dignidad del Abogado”, plasma algunos de los deberes del abogado contenidos en el Código de Ética Profesional de la Barra de Abogados, y que me permito mencionar como complementarios de los antes señalados.

 

SERVIDOR DEL DERECHO Y COADYUVANTE DE LA JUSTICIA

El abogado es un servidor del derecho y un coadyuvante de la justicia y que la esencia de su deber profesional es defender diligentemente y con estricto apego a las normas morales, los derechos de su cliente.

El abogado debe luchas por la justicia; es un deber luchar por el derecho y pugnar por la justicia y la moral.

El abogado deber saber que cuando se vulnera el derecho de uno solo, se agravia y pone en peligro el derecho de todos.

 

HONOR Y DIGNIDAD PROFESIONAL

Se nos impone mantener el honor y la dignidad profesionales y combatir por todos los medios lícitos la conducta reprobable de jueces, funcionarios públicos y compañeros de profesión.

El honor y la dignidad del abogado están ligados con su independencia:

-Frente al cliente

-Frente al magistrado o funcionarios

-Frente a amenazas o coacciones

Independencia es señal de una conciencia recta, y puede resumirse diciendo que es el sentimiento del deber.

 

PROBIDAD Y BUENA FE

El abogado debe obrar con probidad y buena fe.

El que abusa de su impunidad, inventa o desnaturaliza los hechos, trunca o falsifica documentos, invoca mistificando la doctrina o el derecho es sólo, un mercader de palabras, de mentiras y de injurias.

El abogado debe saber derecho, pero principalmente debe ser un hombre recto.

“La rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero, es ser bueno, luego, ser firme, después ser prudente, la ilustración viene en cuarto lugar y la pericia en el último.”      (Ossorio y Gallardo)

 

INFLUENCIAS SOBRE EL JUZGADOR

Es deber del abogado de no tratar de ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vínculos políticos o de amistad, usando recomendaciones o recurriendo a otro medio que no sea el de convencer con razonamientos.

A los tribunales debe entrarse con espíritu puro y confiar en que sobre cualquier influencia o recomendación, el mejor medio para lograr el éxito es sencilla, oscura y modestamente tener razón.          (Calamandrei)

 

Por lo que toca al funcionario público (art. 221 Penal) se regula como delito el tráfico de influencias que se comete por el servidor público cuando por sí o por interpósita persona, promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios ajenos a su empleo, así como cuando promueva cualquier resolución a la realización de cualquier acto que produzca beneficios económicos para sí, o para su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado o para personas con las que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa.

 

LIBERTAD PARA ACEPTAR O RECHAZAR ASUNTOS

El abogado tiene la libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio sin necesidad de expresar el motivo de su resolución. No debe aceptar un asunto en que haya de sustentar tesis contrarias a sus convicciones o cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma de plantearlo o desenvolverlo.

Los abogados que reciban una iguala, que presten sus servicios en virtud de un contrato de trabajo y para los funcionarios públicos, se establece que estarán obligados, en principio, a aceptar los asuntos que se les encomienden; pero deberán excusarse de atender un caso concreto cuando sea contrario a sus convicciones.

 

OBLIGACION DE DEFENDER A INDIGENTES

El abogado está obligado a defender  gratuitamente a los indigentes cuando así lo soliciten y cuando recaiga nombramiento de oficio.

Ligado a esta obligación se encuentra el derecho que el abogado tiene para hacerse cargo de la defensa de un acusado, cualquiera que sea su opinión personal y habiéndola aceptado, debe emplear en ella todos los medios lícitos por el mejor resultado de su gestión.

 

DEBERES ENTRE LOS ABOGADOS

Entre los abogados debe haber fraternidad y respeto recíproco, sin que influya en ellos la animadversión de las partes; deben ser caballerosos con sus colegas y facilitarles la solución de inconvenientes momentáneos cuando por causas que no les sean imputables, como ausencia, duelo o enfermedad o fuerza mayor, estén imposibilitados para prestar sus servicios.

El abogado no ha de entrar en relaciones con la contraparte, sino por conducto de su abogado y sólo con la intervención de éste debe celebrar convenios o transacciones.

El abogado no debe interpretar como falta de confianza del cliente que le proponga al intervención de otro letrado en el asunto que le ha encomendado; pero podrá rechazar la colaboración propuesta cuando tenga motivo para hacerlo, sin necesidad de expresar éste. Si el primer abogado objetara la colaboración, el segundo se abstendrá de intervenir; pero si el primero se desligara del asunto, podrá aceptarlo el segundo.

Por agarcia - Publicado en: Deontología Jurídica
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